El último terremoto del 27 de febrero tuvo un costo muy alto en términos de vidas humanas y destrucción de bienes de capital en Chile. La información preliminar sugiere que el costo de reponer los bienes de capital destruidos se acerca a los US$21.000 millones, lo que supera el 11% del PIB proyectado para 2010.

Si se le restan los ingresos por seguros comprometidos y se suma el costo de la remoción de escombros, se obtiene un requerimiento de recursos netos para la reconstrucción de Chile que supera los US$17.000 millones. De ese monto, alrededor de US$10.700 millones representan un costo directo para el sector público, y la diferencia representa el daño al sector privado.

El monto de inversión requerido es menos de la mitad del esfuerzo de inversión normal que realiza la economía chilena en un año. Por lo tanto, es perfectamente factible programar el grueso de la reconstrucción para un período de 12 meses. En segundo lugar, el costo público del terremoto es inferior a los US$11.000 que se encuentran acumulados en los fondos del cobre, por lo que en principio el sector público cuenta con suficiente financiamiento para enfrentar el terremoto. Basta que gire los recursos acumulados en el mencionado fondo.

Es cierto que una repatriación masiva de este dinero puede deprimir el tipo de cambio y afectar adversamente al sector exportador. Pero el año pasado ya se ingresaron al país US$7.000 millones del fondo del cobre y además hubo que acomodar un superávit en cuenta corriente de US$4.200 millones.

Para este año, el Banco Central proyecta un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, por lo que traer los US$11.000 millones en principio genera presiones cambiarias perfectamente equivalentes a las que hubo el año pasado. Es más, con una moderada acumulación de reservas, el Banco Central podría evitar que el tipo de cambio cayera de CH$500 por dólar. Por ello, no se requeriría de un alza de impuestos para enfrentar los costos del terremoto.

Un financiamiento mixto, que contemple reasignaciones presupuestarias, venta de parte de empresas públicas, mayor royalty y mayores impuestos es la opción elegida por el actual gobierno. En este esquema de financiamiento mixto, mientras mayor sea el peso que se dé a las reasignaciones presupuestarias, menos distorsiones macroeconómicas se crean. El uso de tributación siempre conlleva costos de largo plazo para la economía, por lo que el alza de impuestos debiera ser de naturaleza transitoria, tal como se ha propuesto.

De los impuestos que se propusieron, el que produce menos distorsiones es el royalty al cobre. Con el alto precio del cobre actual, un aumento del royalty no debiera tener casi ninguna influencia sobre la producción o las inversiones. Por ello, ésta parece ser una opción atractiva para conseguir recursos en el corto plazo.

En contraste, un aumento en las contribuciones de bienes raíces, junto con el fin de las exenciones de IVA para este sector, debiera golpear adversamente al sector inmobiliario, que precisamente es uno de los sectores más afectados con el terremoto. Ésta es claramente una mala política.

También el alza del impuesto a los alcoholes debiera tener un efecto adverso. Los productores de alcoholes, vinos, chichas y pisco son, indirectamente, agricultores, por lo que parte importante de la incidencia de este impuesto implicará empobrecer a los agricultores, muchos de los cuales también fueron afectados adversamente por el terremoto. También ésta es una mala política.

El alza de los impuestos a las empresas tiene un impacto negativo sobre la inversión. En efecto, este impuesto está integrado al global complementario, por lo que los impuestos de las utilidades distribuidas a sus accionistas, son acreditadas contra el impuesto global mismo. Esto significa que el alza de impuestos a la primera categoría no tiene ningún impacto recaudatorio sobre las utilidades distribuidas. Tan sólo las utilidades que se reinvierten y que ayudan a financiar la inversión van a ser gravadas con tasas más altas.