Este 2015 será determinante en el comportamiento de la deuda de estados y municipios. Y es que la celebración de los comicios electorales tiende a poner presión en las finanzas públicas subnacionales, en un escenario donde la recaudación propia es limitada y la aprobación de la reforma para poner candados a la contratación de créditos aún no es aprobada en su totalidad.

A ello se suma el hecho del eventual riesgo de la baja en los precios del petróleo y su impacto en los recursos que la Federación transfiere a las administraciones locales vía los ramos 28 (participaciones) y 33, principalmente.

A consecuencia de la crisis económica que se desató a finales del 2008, las transferencias federales a las administraciones locales mostraron números rojos. Ello obligó a un número importante de administraciones a endeudarse de manera acelerada.

A pesar de que las obligaciones financieras de los gobiernos estatales y municipales mantienen una tendencia a la alza, el ritmo de crecimiento cada vez es más moderado.

En los años 2009, 2010 y 2011, los pasivos subnacionales crecieron por arriba de 24 por ciento. Sin embargo, en los años posteriores el ritmo de expansión se comenzó a moderar. En el 2012 avanzó 11.25% a tasa anual; en el 2013 subió 11.05%, mientras que al tercer trimestre del 2014 apenas registró un aumento de 1.46% con respecto a diciembre del año previo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Del 2009 a septiembre del 2014, los estados que más incrementaron sus obligaciones financieras en promedio anual fueron: Coahuila (153.4%), Zacatecas (104.8%), Morelos (95.7%), Campeche (48%), y Quintana Roo (47 por ciento).

La calificadora Moody’s estimó que la deuda subnacional crecerá 8% este 2015, que si bien es una expansión mayor a la vista hasta septiembre del 2014, está por debajo de lo observado entre 2009-2011 (24.4%, en promedio).

No obstante, la agencia dejó en claro que ante las elecciones que se celebrarán este año, no hay una prueba inminente que evidencié una estabilización en su comportamiento, debido a que este tipo de eventos tiende a poner presión en el gasto.

En este año se renovarán los 500 curules de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las jefaturas de las delegaciones en la capital del país.

Otros riesgos. Bajo ese escenario, Flavia Rodríguez, directora de aregional, advierte que es necesario que las administraciones locales emprendan una estrategia efectiva de reducción del gasto, debido a que en muchos estados los déficits primarios (ingreso menos gasto) que existen los obliga a endeudarse más.

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Si bien no es generalizado, hay casos donde la capacidad de ahorro es nula o muy limitada, lo que tiende a incrementar los niveles de deuda. Tales son los casos de Coahuila, Quintana Roo, Nayarit y Chihuahua, los cuales se caracterizan por una mayor dependencia a los ingresos federales, elevada deuda y alto gasto operacional.

“No debemos perder de vista, además, el precio del petróleo y factores como la inseguridad, que podrían poner más presión en las arcas estatales”, comentó la especialista.

Casos concretos. En opinión de Carlos González, investigador del Tecnológico de Monterrey, la deuda per se no se debe satanizar; sin embargo, hay casos hacia donde sí se deben dirigir los reflectores, debido a que comprometen la holgura financiera, principalmente en el largo plazo.

“No hay un indicador claro que nos diga este gobierno tiene serios problemas, pero sí hay datos que nos advierten de futuros problemas, tal es el caso de las entidades cuyos pasivos representan 100% o más de sus participaciones”, comentó.

Reforma en marcha. Con el objetivo poner un mayor control en la adquisición de deuda, está en marcha una reforma para poner candados a la contratación de empréstitos.

El pasado 15 de septiembre, el Senado aprobó, con modificaciones, la minuta con proyecto de decreto de reforma. Dicho documento fue enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Si avalan los cambios, la última palabra para poner en cintura a los gobernadores y alcaldes la tendrán los congresos locales, pues al tratarse de una reforma constitucional, se debe aprobar en al menos 17 de éstos.

Esta iniciativa exige la creación de un sistema de alertas sobre la deuda y obliga a los gobernadores y alcaldes a desglosar la totalidad de sus empréstitos en un registro público único.

A septiembre del 2014, los pasivos locales ascendieron a 489,877 millones de pesos, lo que representó un nivel histórico, que significa 3% del Producto Interno Bruto Estatal.