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El avance que significa para Uruguay la nueva calificación de Standard & Poor's
Sábado, Abril 7, 2012 - 16:16

Después que se elevara la calificación soberana de los títulos uruguayos, el país pasó a competir en una nueva categoría: la de los países que si bien no tienen resueltas todas sus vulnerabilidades, tienen la confianza de los mercados financieros.

Montevideo. Los manuales de finanzas tienen una forma poco amistosa de referirse a los títulos de deuda con una calificación de riesgo de BB o por debajo. Los llaman junk bonds, lo que se traduce como “bonos basura”. Hasta hace cuatro días, Uruguay formaba parte de esa categoría y todo activo financiero que llevara su bandera era evaluado a primera vista como de alto riesgo por su dudosa capacidad de pago.

Este martes, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s elevó la calificación soberana de los títulos uruguayos de BB+ a BBB- y el país pasó a competir en una nueva categoría: la de los países que si bien no tienen resueltas todas sus vulnerabilidades, cuentan con la confianza de los mercados financieros.

Cuando un inversor se enfrente a un título uruguayo, ya no tendrá que compararlo con los papeles de Turquía, Vietnam, Hungría o Paraguay. Ahora los pares de Uruguay son la grandes países emergentes y las economías de Europa comprometidas por la crisis de deuda. A diferencia de la anterior, la liga actual en la que Uruguay compite cuenta con una mayor solidez fiscal y ratios de deuda más acordes con sus posibilidades, pero no son inmunes a un agravamiento del contexto exterior.

A nivel regional, hay cuatro grandes grupos de países. Al primero de ellos solo lo integra Chile, con una economía de crecimiento lento pero sólido y un riesgo financiero prácticamente inexistente. Está calificado con A+, lo que implica seis escalones por encima del grado inversor. Tiene más activos de reserva que obligaciones –una deuda neta negativa que equivale a 8% del PBI– y un superávit fiscal mayor a 1% de la producción anual.

El segundo grupo es el de países considerados por Standard & Poor’s con “adecuada capacidad para responder a sus obligaciones financieras” pero cuya solvencia puede verse “debilitada” ante una coyuntura adversa. Se trata de los países calificados con BBB, integrado por Brasil, México, Panamá y Perú, como los más asentados, y Colombia y Uruguay en una segunda posición.

De hecho, Uruguay cuenta con niveles de deuda y déficit fiscal similares a los de Brasil. El país tiene una deuda de 55% de su PBI, similar al ratio de 56% de Brasil. El déficit fiscal del gobierno de Dilma Rousseff es de 2,3%, casi el doble que el uruguayo (1,3%). Sin embargo, el tamaño de la vecina economía, el desarrollo de su mercado de capitales y su menor exposición a la moneda estadounidense y al comercio con la región, reducen su vulnerabilidad.

Se trata además de una categoría compuesta por otros grandes países emergentes, cuyo crecimiento acelerado y su potencial de expansión les permite reducir el riesgo derivado de finanzas públicas todavía no del todo sólidas y la dependencia con el mercado global de capitales. De los países BRICS, tanto Brasil como Rusia, India y Sudáfrica componen el grupo BBB, mientras que China se encuentra dos niveles más arriba, en AA.

Los países europeos comprometidos por la crisis, pero que aún cuentan con el respaldo del bloque regional, también se hallan en la nueva categoría de Uruguay. Sus ratios de deuda y necesidades de financiamiento son muy elevadas. Italia cuenta con una deuda de 120% de su PBI y un déficit presupuestado de 3,6% para este año. Irlanda e Islandia se encuentran en una situación similar.

En la región hay dos grupos más de países. En uno de ellos se encuentran Paraguay y Costa Rica, con una calificación de BB. Sus títulos son especulativos, como hasta hace poco los de Uruguay. La dependencia a la región –en el caso paraguayo– y abultadas necesidades de capitales –déficit de 5,6% en Costa Rica– genera riesgos según la calificadoras.

Por detrás se encuentran Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, con una calificación B. Hoy en día cumplen con sus obligaciones, pero el riesgo de no pago es mucho mayor. A sus vulnerabilidades económicas y financieras se suma la incertidumbre política y la debilidad institucional, que no garantiza que los gobiernos prioricen hacer frente a sus deudas en un contexto más adverso.

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