Antonio Camarillo está a escasos meses de ser pensionado, tiene 65 años, sus hijos son independientes y trabaja en una funeraria desde que cerró la fábrica de aspiradoras donde laboró por más de 25 años. Pero no le ilusiona retirarse: ganará el salario mínimo (US$ 4,5 diarios en México), la jubilación garantizada por el Estado mexicano. Según Camarillo, una suma que “no alcanza para nada”.

Al menos Camarillo recibirá el 70% de su sueldo (US$ 96,4 por mes), ya que cotizó con la ley de 1973. Quienes empezaron a trabajar después de 1997 recibirán el 40%, siempre y cuando ganen entre uno y 20 salarios mínimos al mes. Quienes perciben entre 80 y 100 salarios mínimos recibirán apenas el 10% de su último sueldo. Pero ésos tampoco pueden quejarse: según el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INA-PAM) cuatro de cada cinco adultos mayores en México no tienen pensión ni seguridad social.

De acuerdo con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), México cuenta con un ahorro acumulado para el pago de pensiones de US$ 101.250 millones, cifra superior al 10,5% del PIB y similar a las reservas internacionales. Les pertenecen a más de 39 millones de mexicanos.

El problema radica, según los especialistas, en el modelo bismarckiano sobre el cual se construyó el sistema de pensiones en México y en buena parte de Latinoamérica. Éste ancla las retribuciones que habrán de recibir los jubilados a lo que aportan los trabaja-dores formales, ello sobre la base de una pirámide demográfica que se ha convertido en un barril donde los trabajadores casi empatan con los pensionados.

Según el INAPAM, en México había 9,4 millones de mayores de 60 años en 2009. De ellos 3,3 millones realizan una actividad económica, pero sólo 20% lo hacen en el sector formal. Y se calcula que en 2050 habrá 50,6 adultos mayores por cada 100 personas.

“Los sistemas de pensiones se establecieron cuando el promedio de vida era de 40 años. Hoy en algunos casos rebasan los 90”, explica el Dr. Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. “Visto así estaban predestinados a fracasar, se planearon porque eran más los que trabajaban y menos los que recibían, pero el cono ahora se ha invertido.”

Primeras medidas. En 1997, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo –en cuya administración se dieron la mayoría de los cambios que evitaron el colapso de la economía mexicana–, se tomaron las primeras medidas y se inició la transición al sistema de cuentas individualizadas, permitiendo así reducir la carga fiscal de los pensionados para el gobierno federal e incluir a los trabajadores en el sistema financiero por medio de la administración de sus ahorros en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore, por sus siglas).

“La reforma al sistema de pensiones permitió comenzar la transición a un modelo financieramente sostenible en el largo plazo, en donde cada trabajador es el responsable de sus ahorros para el retiro”, señala un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En 2004 se realizaron modificaciones a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo paraestatal que agrupa al gobierno, los trabajadores y empleadores y se encarga de brindar servicios de jubilación y salud. En ellas se buscó individualizar las cuentas de jubilación de los trabajadores que ingresaron a partir de esa fecha. Si bien parcial, esta reforma permitió sanear las finanzas del organismo. Sin embargo, según el informe titulado Pensiones Estatales: Otra Bomba de Tiempo, elaborado por el IMCO, en el camino quedó pendiente reformar las jubilaciones de los trabajadores estatales, las fuerzas armadas y de la gigante petrolera Pemex.

“Le irán poniendo parches, pero el costo político de una reforma de fondo es alto y nadie lo quiere asumir”, dice Othón de la Garza, director general de Skandia México, filial de la aseguradora sueca especializada en gestión de ahorros e inversiones de largo plazo. Para muestra de lo impopular que resultaría, basta ver las protestas en Francia del mes pasado tras la aprobación de una reforma a la ley de pensiones.

Santiago Levy, ex director del IMSS, sostiene en su libro Good intentions, bad outco-mes, que el aumento en el trabajo informal es una variable a considerar. Al segundo trimestre de 2010 el número de trabajadores informales llegó al 28,8% de la población económicamente activa, lo cual equivale a 13,5 millones. Estas personas, más los 2,5 millones de desempleados, no están cotizando para su retiro.

De acuerdo con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), México cuenta con un ahorro acumulado para el pago de pensiones de US$ 101.250 millones, cifra superior al 10,5% del PIB y similar a las reservas internacionales. Les pertenecen a más de 39 millones de mexicanos.

Para el diputado David Razú, quien fuera colaborador cercano de Levy en su paso por el IMSS y posteriormente durante la elaboración del libro, publicado por el think tank estadounidense Brookings Institution, el sistema de seguridad social vigente aporta más incentivos perversos que soluciones al estar vinculado al sistema de salud pública, lo que genera confusiones entre los contribuyentes.

Cómo funciona el sistema actualmente. En la actualidad las cuotas de seguridad social incluyen de manera integral e indisociable un seguro médico, un seguro por accidentes de trabajo, un seguro por discapacidad y de vida, la pensión para el retiro, aportes para guarderías e instalaciones deportivas y la cuota de ahorro para vivienda. Buena parte de ellas deben ser pagadas por la empresa en adición del salario. Lo anterior genera incentivos para que, en el caso de las parejas, uno de los consortes prefieren negociar un sueldo líquido más alto pero menor al total de cuotas. Es conveniente para las empresas, pero en el largo plazo deja al indi-viduo fuera del sistema de pensiones y dependiente sólo de las cadenas de solidaridad social.

“Tendremos una corte de viejos y hambrientos”, dice el doctor Bouzas, de la UNAM. “No es inevitable, pero se necesitan cambios radicales en la política económica, y no se avizora en un futuro cercano debido a que se ha asumido que lo social es lo menos importante”.

Todas las corrientes apuntan a que la solución podría ser la universalización de las pensiones y de los seguros de salud, así como su separación. “Probablemente esto podría ser financiado en un futuro por impuestos generales, que permitiría desgravar la nómina, para que no exista esta carga también para los empresarios y que en un momento dado favorezca más el desarrollo del empleo y que tenga una verdadera sustentabilidad financiera”, dijo recientemente en un foro José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud de México.

Otra línea es la que propone Levy en su libro, y que el diputado David Razú sintetiza de la siguiente manera: “Se trata de hacer una mezcla entre el pay-as-you-go y el régimen de beneficios garantizados. La propuesta es que el Estado deposite en cada cuenta personalizada en el momento que ésta se inscriba en el mercado formal. Podría ser lo equivalente a tres salarios mínimos, por poner un ejemplo. Pero si el individuo gana una cantidad más elevada y puede solventar la afore, el Estado ya no aporta nada, a menos que se quede sin empleo o entre en una situación más apretada. Es como un seguro de desempleo”.

De esta manera el dinero que ahorra el trabajador se suma al aporte gubernamental y, al ser manejado en una afore, es el mercado el que ofrece instrumentos financieros para neutralizar la inflación. Las propuestas abundan, pero todos los sectores coinciden en que el sistema de pensiones actual es el que debe jubilarse.