Las reformas fiscales vigentes desde 2012 todavía no muestran un efecto importante en la recaudación. Sin embargo, la modalidad de pago del Impuesto sobre la Renta calculado sobre el 1% de pago de las ventas totales despierta recelos en el sector privado.

Los contribuyentes salvadoreños apenas están despertando, en 2013, a las dimensiones de las reformas fiscales vigentes desde el año pasado. Sobre todo crecen las posturas contra el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) basado en las ventas totales.

Al menos en la recaudación a diciembre de 2012 las reformas no han cuajado. Los ingresos tributarios el año pasado fueron de US$3.685,4 millones, unos US$198,8 millones más que en 2011, lo cual significa un 5,7% de incremento anual, según informes del ministerio de Hacienda.

El monto y el ritmo de crecimiento son los segundos más bajos de los últimos cinco años. En 2011, el ritmo de avance fue de 13,5%, y en 2010, de 8,3%. El más bajo ocurrió en 2009, año marcado por la recesión económica, cuando los tributos se desplomaron en -8,2%, mientras que en 2008 habían saltado 7,4%.

De nuevo, en 2012 el IVA pesó como el impuesto más importante para las arcas estatales, pues recaudó US$1.860,9 millones, aunque apenas 3,3% más que el año precedente.

En cambio, la recaudación del ISR dio el segundo mayor estirón del lustro reciente, ya que sumó US$1.317,4 millones, un 10,4%, solo superada por el crecimiento de 13,4% anual de 2011.

Las proyecciones de Hacienda esperan mejorar las noticias este año con una recaudación de US$4.000 millones, es decir unos US$314.6 millones más que 2012, que de cumplirse significaría un avance del 8,5%.

Si se logran las estimaciones este gobierno cerraría con una carga tributaria de 16,4%. Aun así, las tuercas que apretan la reforma fiscal vigente en 2012 están comenzando a hacerse sentir sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

La mayor discordia es un esquema que obliga a las compañías con ventas superiores a $150,000 a pagar ya sea el 30% sobre sus utilidades o hasta un 1% sobre el volumen de las ventas. Entre ambas cifras se escoge la mayor.

Entre las exclusiones van listados los rubros de agricultura y ganadería, zonas francas, asociaciones cooperativas, firmas de servicios internacionales, entidades y fideicomisos financiados por el Estado, así como la nueva inversión extranjera durante sus primeros tres años de operación.

El espíritu de la medida es cerrar los agujeros que permiten la elusión fiscal. Tendrá sentido pleno en 2014, cuando las empresas que hayan reportado pérdidas durante tres años consecutivos deban pagar el 1% sobre sus ventas brutas.

De momento no cae en gracia a las compañías que deben asumirlo, sobre todo las que reportan altos volúmenes de facturación, pero que a cambio reciben escaso margen de utilidad.

Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), asevera que la disposición provoca un pago efectivo de la renta mayor al 30%.

“Creemos que cuando se aplica el régimen de ventas brutas golpea demasiado a las empresas y afecta a las que tienen altos volumen de ventas pero márgenes bajos de ganancias. En ese sentido hay que estar revisando siempre la parte fiscal para que esto no sea un obstáculo que afecte o desestimule la inversión”, reflexiona.

En términos reales, el pago de la renta puede ser igual o mayor al 33,5%, explica Carlos Saúl López, socio de servicios fiscales y precios de transferencia del bufete de abogados Latinco.

“Calculamos la tasa efectiva del Impuesto sobre la Renta (ya que los inversionistas cuando vienen al país es de las primeras cosas que preguntan) y encontramos que se acercará al 33,50%”, explica López.

En ese escenario, las organizaciones que se consideran afectadas están interponiendo recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia.

En caso de lograr la admisión, solo pagarán el techo de 30% establecido en la Ley del ISR.

El Economista consultó con voceros de la CSJ, quienes no quisieron confirmar si existen recursos de amparo en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, manifestaron que hay un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional relacionado con el ISR, interpuesto en 2012.

“El recurso ya está aceptado y por esa razón no podemos dar más detalles”, se excusó la fuente.

En el pasado, los pequeños distribuidores de combustibles lograron que la Asamblea Legislativa redujera el porcentaje del 1% al 0,6% de impuesto sobre las ventas de hidrocarburos.

“Las empresas no podemos escaparnos de pagar impuestos, lo que hay que hacer es que no sean más castigos para las pymes, sino que nos grave de acuerdo con nuestras utilidades”, agrega por su lado Elena María de Alfaro, presidenta de la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas).

Falta crecer. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) sostiene que el gobierno ya no requiere de crear más impuestos, sino que debe dedicarse a la tarea de estimular el progreso económico.

Cada punto porcentual de aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) aumenta la recaudación en US$120 millones, recuerda Jorge Daboub, presidente de ANEP.

“Si creciéramos al 4% o 5% como el resto de la región no tendríamos estos problemas fiscales. El bajo crecimiento es el problema”, cuestiona.

El gremio empresarial insiste en que el gobierno debe reducir el gasto corriente.

Según sus estadísticas, de cada $1 que el Estado obtiene a partir de tributos, US$0,85 lo destina a gasto corriente y apenas US$0,15 a inversión.

El último informe de coyuntura de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) indica que el gasto corriente ha excedido (en un 5%) los ingresos corrientes, por lo que se debe recurrir a deuda para financiarlo.

Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, coincide en que el principal problema no es el fiscal, sino el vuelo a baja altura de la economía.

El funcionario analiza que buena parte del origen de este problema –que viene desde la década de 1970– se debe a la baja inversión privada.

“Para crecer al 4% deberíamos estar invirtiendo cerca del 25%, ¡y estamos invirtiendo 15%!”, se quejó, en una entrevista televisada matutina.

El Economista intentó obtener la versión del ministro sobre el tema y los amparos en el Órgano Judicial, pero el funcionario rehusó dar una entrevista a este medio.

Por su lado, el empresariado encuentra una explicación a la baja inversión en la falta de entorno favorable en El Salvador.

Al menos el 45% de las empresas considera que el clima de inversión es desventajoso, mientras que solo el 19% de compañías están invirtiendo, advierte la Encuesta de Iniciativa para la Competitividad de Fusades, elaborada a partir de una muestra de 500 firmas, entre micro, pequeñas, medianas y grandes.

Para las empresas el principal obstáculo es la delincuencia; el segundo, la incertidumbre política y económica; y el tercero, la falta de transparencia, arroja el estudio dado a conocer a principios de mayo. Las reformas fiscales ocupan un cuarto lugar como desestímulo.

No todo es negativo: hay percepciones acerca de la mejora en la demanda de productos, necesidad de innovación y competitividad.

“La carga fiscal se ha incrementado, pero la carga burocrática es quizá lo que más pesa sobre las actividades productivas”, valora Rafael Barraza, presidente de Banco Agrícola.

Por su parte, Víctor Saca, presidente de Vijosa, explica que el rubro trata de ajustarse, ya que además de la Ley de Medicamentos debe asumir la reforma fiscal y el escaso acceso a créditos por parte de la banca.

Mientras el mercado local esté deprimido, la tabla de salvación para incrementar las ventas es la exportación.

“Creo que la falta de inversión viene por otro lado: por la falta de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, falta de estabilidad política. Cuando hay discursos en contra de los empresarios o se nos ve mal, eso tiene sus consecuencias hacia el público, hacia la empresa privada en general”, manifiesta por su lado Ricardo Simán, presidente de Almacenes SIMAN.

Al menos en el tema fiscal hay consenso en que no se debe seguir reajustando al menos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal como sugiere el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No sería lógico ni sería una política sana”, resume Arriaza, de ASI.

Que exista rechazo generalizado a una hipotética alza del IVA no descarta nuevos impuestos. De hecho, el Gobierno prepara nuevos gravámenes: $40 millones a través de un impuesto a propiedades suntuosas y unos US$100 millones a las transferencias financieras.

En cuanto a la evasión fiscal, estimada en US$900 millones, ya poco se puede hacer por reducirla, se ha excusado el titular de Hacienda.

“Algo que no se ha hecho es ampliar la base tributaria, ese es un tema pendiente”, agrega, por su parte, Armando Arias, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña.


16,4% es la meta de la carga tributaria para el cierre de 2013 que tiene el Ministerio de Hacienda.

• El sector privado critica que el cobro de 1% del Impuesto sobre la Renta sobre las ventas brutas no se ciñe a las ganancias de cada empresa.

• Los ingresos tributarios en 2012 fueron de US$3.685,4 millones, un crecimiento de 5,7%. A pesar del avance, se registró la menor tasa de crecimiento en el último lustro.