Por estos días, en los que los colombianos andan corriendo y pagando asesorías a contadores públicos para poder declarar renta y no cometer errores ante la DIAN, el gobierno soltó una cereza que se le suma al cargado pastel tributario. En sus haberes alista un documento con el que le pedirá al Congreso de la República que le apruebe el alza en el cobro del impuesto al patrimonio y, de paso, que avale que quienes estén obligados a pagar sean las personas y las empresas con capitales que sumen los $750 millones (US$386.399), libres de deudas.

El anuncio, que no cayó bien entre los empresarios, tiene que ver básicamente con que actualmente los únicos que pagan ese tributo, que está por el 1,5%, son los nacionales con propiedades que suman más de $1.000 millones. Entonces, si el Congreso aprueba la intención del Ejecutivo, la base de quienes paguen será más amplia y tanto las personas naturales como las empresas, tendrán que pagar el 2,25% de impuesto.

“A mí, en general, no me gusta porque creo que golpea la inversión en el país y si Colombia quiere participar de las nuevas formas de hacer comercio mundial con las cadenas de valor, tenemos que traer inversionistas y con esto que anuncia el Gobierno los va a alejar. Cuando se compara con otros países que tienen este tipo de impuesto —que no son muchos—, quedamos en desventaja. Habrá que buscar alternativas”, recalcó enfático Javier Díaz, presidente de Analdex.

Lo que está claro es que el Gobierno no va a aflojar. Fue el mismo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien en diálogo con Caracol Radio soltó la perla: “El impuesto al patrimonio que se venía cobrando con una tarifa del 1,5% anual, vamos a tener que subirlo al 2,25%”. “Se requiere un mayor esfuerzo de los grandes capitales”, sentenció el funcionario. Y lo dijo, paradójicamente, justo el mismo día en el que 120 presidentes de compañías se estaban comprometiendo con la paz del país, anunciando que se meterían la mano al dril para apoyar el proceso de reconciliación en tiempos de paz.

El mensaje fue recibido como un baldado de agua fría. Entre pasillos, los industriales aseguran que es un golpe a la productividad, que se perderán empleos y se frenará la contratación, el crecimiento que se proyectaba en ventas se verá perdido por el pago a la DIAN... Soltaron, sin hablar muy fuerte, una conclusión con mucho de verdad: el dinero que irá a parar a los impuestos se tendrá que sacar de algún lado y lo más seguro es que ese cargo se lo trasladen al consumidor final, quien en últimas es el que termina pagando la cascada de impuestos. Lo dijeron, pero en voz baja.

Por eso, Bruce McMaster, presidente de la Andi, el gremio que reune a industriales y empresarios, le contó a El Espectador, a manera de advertencia, que “hay que sentarnos a hablar con el Ministerio de Hacienda para llegar a un común acuerdo antes de presentar la nueva reforma. Hay que saber qué es lo que quiere el Gobierno, porque eso no está muy bien definido”. Santiago Perdomo, presidente del banco Colpatria, apuntó que “hay formas de aumentar el recaudo, como el control a la evasión y la ampliación de la base. Soy amigo de una reforma estructural, ya que hay un déficit de $12 billones”.

Opiniones divididas a las que se tendrá que enfrentar el Ejecutivo antes de radicar el proyecto en la Secretaría del Congreso. “Desde el punto de vista de las medidas para poder obtener los recursos que se requieren para reducir el déficit fiscal, la ampliación de la base patrimonial es una de ellas, no obstante, el hecho de proyectar esa ampliación hacia las pyme con los nuevos niveles a quienes se les aplicaría, afecta la competitividad. Es un riesgo que implicaría una menor participación de las empresas en el mercado nacional y el internacional. El Gobierno debe ver eso con mucho cuidado y buscar instrumentos de política industrial alternativos que les permitan a las empresas no sólo mantenerse, sino mejorar sus condiciones”, sentenció Luis Gustavo Flores, presidente de Acicam.