Se calcula que el gobierno estaría recaudando unos 36 millones de lempiras al día por concepto el cambio del 12% al 15% de Impuesto sobre Ventas. Empresarios advierten que habría un impacto social.

Mientras el gobierno de Honduras comienza a nutrir sus arcas con unos 360 millones de lempiras (US$17,5 millones) aproximadamente por el incremento del 3% en el cobro del Impuesto sobre Ventas (ISV), que pasó de un 12 a un 15%, el sector privado advierte que este incremento a los ingresos tendrá un costo social.

Durante los primeros diez días de aplicación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y Control de las Exoneraciones, que entró en vigencia el 1 de enero de 2014, se estima que el ingreso diario al fisco por esta vía sería de casi 36 millones de lempiras por día, entre 250 millones (US$12,2 millones) por semana y de 1.000 millones en un mes (US$48,8 millones).

El Secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, se manifestó en contra de aplazar la aplicación de esta medida hasta el 24 de enero de 2014, tal y como lo proponía el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, porque significaría un sacrificio fiscal para el gobierno de unos 500 millones de lempiras (US$24,4 millones).

Impacto empresarial. Sin embargo, Obdulio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecamara), indicó que mientras el gobierno eleva sus ingresos económicos mediante la aplicación de esta medida fiscal, su empresa en particular resiente un incremento en los costos de producción de 12%.

En un análisis realizado de manera previa por las secretarías de Comercio y de Finanzas, se establecía que solo con aplicar el Impuesto sobre Ventas (ISV) de 12% a los productos de la canasta básica podían recaudar el equivalente a un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2013 fue estimado en unos 388.087 millones de lempiras (US$18.966 millones). Generaría, además, 3.000 millones de lempiras (US$146,6 millones) por concepto de inflación.

El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) estimó que estas medidas mandarían bajo la línea de la pobreza a unos 100.000 hondureños. El secretario de Finanzas estima que, en su conjunto, la aplicación de estas medidas fiscales generarán unos 12.000 millones de lempiras (US$586,4 millones). Es bueno recordar que también se aplica el 15% de Impuesto sobre Ventas a los clientes residenciales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que consumen de 750 kilovatios/hora al mes en adelante.

Reacciones. Las 47 organizaciones que integran Fedecamara alzaron su voz de protesta en contra de la vigencia de un paquete de medidas fiscales y el próximo lunes se pronunciará de manera oficial respecto a este mismo tema el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a través de la asamblea de presidentes de las 72 organizaciones miembro de este organismo cúpula.

El Congreso Nacional aprobó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión el 20 de diciembre de 2013, fue publicada en el diario oficial La Gaceta con fecha 30 de diciembre y entró en vigencia el 1 de enero de 2014.

En un primer momento, el presidente de la Federación de Cámara de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecamara), Obdulio Hernández, expresó que estas medidas generarán una escalada de precios a los productos de consumo básico, el despido de empleados por que se tiene que disminuir gastos o por el cierre, así como la caída en la informalidad de más negocios.

Además, “algunos dueños de empresas nos han anunciado su interés por trasladar su empresas a países vecinos en donde aplican una carga superior”, dijo. “Este es el criterio que manejan las 46 organizaciones que integran Fedecamara”, indicó el empresario.

Advirtió a la opinión pública respecto al impacto negativo que tendrá el alza al precio de los combustibles por el ajuste de 25 centavos de dólar por galón vía el impuesto denominado Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación al Patrimonio Vial.

Además influye el incremento de 3% al Impuesto sobre Ventas, que pasó de un 12 a 15%, y la eliminación de productos exonerados contenidos en la canasta básica de alimentos, entre otras medidas fiscales. Se añade el impacto económico de una reforma a la tasa de seguridad que grava las transacciones en un 2% por millar realizadas en las cuentas de ahorro abajo de 120.000 lempiras (US$5.864), el alza al salario mínimo que entró en vigencia a partir del presente mes.

Cruzan los dedos para que no se eleve en los próximos días las tarifas a la energía eléctrica.

Para el presidente de Fedecamara, esta reforma fiscal impactará de manera directa el costo de muchos bienes, que ahora deben pagar el 15% de Impuesto sobre Ventas, a los cuales se les cargará el incremento al precio del flete y los demás costos.

Al paso ha salido el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, quien alertó a los consumidores respecto a un alza injustificada de hasta un 30% en el precio de varios productos de consumo básico. Por su parte, el secretario de Comercio, Adonis Lavaire, expresó que cada una de las denuncias formuladas por la población ante esta dependencia será considerada para que la investiguen los inspectores de Protección al Consumidor.

En alerta. En un segundo momento, el Cohep convoca para este lunes 13 de enero a una asamblea a los 72 presidentes de las organizaciones que integran este organismo cúpula. La última reunión que realizó esta instancia de consulta fue cuando el Cohep se opuso a la aprobación de la Tasa de Seguridad, la aplicación de un 1% de Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre los ingresos brutos y otras medidas que lesionaban los intereses económicos de las empresas.

Impuesto de guerra. El presidente de Fedecamara sugirió que así “como en el Congreso Nacional se aprobarán severas medidas para castigar hasta con la cárcel a las personas que evaden o defraudan al fisco, también se deben aprobar penas en contra de los funcionarios que incurren en delitos de corrupción, al pedir coimas a los empresarios a cambio de agilizar trámites, caso contrario, pueden peder su carga de manera parcial o total”.

“Muchas veces uno quiere andar por el camino correcto, pero lo obligan a pagar un impuesto de guerra en las oficinas públicas que puede andar entre un 10 y un 30% del precio del bien o servicio vendido o prestado al gobierno”, denunció el empresario.

Impacto al turismo. Fedecamara sostiene que el sector turismo será severamente afectado ya que el impuesto del 16% (pago del 12% de Impuesto sobre Ventas y el 4% de tasa turística) aumentará al 19%, este incremento viene a encarecer el costo del servicio de turismo.

Además consideran que este tipo de medidas puede provocar un incremento de la competencia desleal, ya que los respetuosos de la ley deberán encarecer sus productos y servicios para reportar el 15% según lo establece la nueva reforma, incrementando la brecha de precios contra los que no reportan sus ventas ni tributan al Estado, perdiendo además la competitividad de nuestros productos.

En este sentido, los directivos de Fedecamara han solicitado al gobierno que reconsideren la aplicación del “más severo” paquete de medidas fiscales impuesto en Honduras. Defensa del consumidor El director de la Asociación Hondureña de Productores de Azúcar de Honduras (AHPA), Carlos Melara, manifestó que conformarán una entidad para defender los derechos del consumidor.

El ejecutivo expresó que la aplicación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas tendrá un lesivo impacto en los bolsillos de la población más pobre del país y afectará de manera gradual a los demás estratos sociales. Fue del parecer que fue una medida acertada dejar al azúcar entre los 74 productos de la canasta básica de alimentos exonerados del pago del Impuesto sobre Ventas (ISV).

Sin embargo, existe una cantidad de insumos que intervienen en la producción de este bien de consumo, que por diversas leyes están gravados con el pago de impuestos.

El industrial indicó que así como ocurre con el azúcar, pasa de manera similar con la cadena de suministros de otros alimentos que están en la canasta básica. Melara anunció que disponen de los recursos para establecer esta entidad de protección al consumidor en el corto plazo.