La empresa privada hondureña pide al presidente Porfirio Lobo Sosa vetar la ley de tasa de seguridad para evitar que estos fondos sean desviados para financiar campañas políticas.

En una carta enviada al mandatario, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) argumenta que estos recursos se pueden utilizar con fines proselitistas.

"Hacemos el llamado a usted, señor Presidente para que todas esas leyes no sean sancionadas y que puedan reabrirse a nuevos análisis para examinar todas las consecuencias, tanto desde el punto de vista macroeconómico como el funcionamiento de las empresas y de las personas", reza la carta, dada a conocer a los medios de comunicación por el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.

"Le solicitamos analizar ese proyecto tributario en sus efectos sobre la inversión nacional y extranjera, en la competitividad de las empresas que exportan y abastecen el mercado nacional.

Preocupa particularmente que modificarse con relativa frecuencia el sistema tributario pone en precario la seguridad que requiere la inversión. Desafortunadamente pueda neutralizar gran parte del efecto positivo que se logró con el evento Honduras is Open for Business".

Urtecho comentó que "las organizaciones que integran el Cohep brindan un apoyo irrestricto al plan de seguridad, que pueda crear condiciones para que todos los hondureños, hombres y mujeres, sin distinción de clases, puedan desarrollar sus vidas, todas sus actividades en forma pacífica y en plena convivencia social, particularmente es importante proteger a la juventud".

Aseguraron que también apoyan la imposición de tasas que puedan recaudar 1,500 millones de lempiras en recursos adicionales y que ese sea el techo máximo, con vigencia a finales del año 2013.

De acuerdo con análisis de los empresarios, con los impuestos aprobados podrán recaudar tres o cuatro veces más de la suma referida y que ese excedente se quiere destinar a programas de tipo social. "Estamos pidiendo el veto al paquete de leyes por inconstitucionales y esperamos que sea efectivo el veto cuando el presidente lo estime", dijo Urtecho.

Los empresarios esperan que la decisión del presidente Lobo deje de afectar a la empresa privada, de lo contrario llegarán a la Corte Suprema de Justicia a pedir la impugnación de ambas leyes. De forma unificada, los empresarios aseguraron que los impuestos aprobados contradicen los principios de apoyo al desarrollo de las empresas.

Mencionan que el paquete de leyes afecta la capacidad económica del sector productivo, "por ejemplo, gravan exageradamente las transacciones financieras y la actividad minera. Igual sucede con el impuesto del 1% sobre los ingresos brutos declarados al castigar empresas que tengan pérdidas, lo cual se da ahora por la recesión económica", comentó Urtecho.

Congresistas

Los empresarios no tienen sustento legal para pedir que se declare inconstitucionalidad sobre la tasa de seguridad y las medidas complementarias aprobadas por el Congreso Nacional la semana anterior, coincidieron ayer diputados de varias bancadas.

Los congresistas calificaron de "incomprensible, ambigua e inexplicable" la posición adoptada por la cúpula empresarial que amenaza con impugnar, sobre todo la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, y han solicitado al presidente Porfirio Lobo Sosa que la vete.

Marvin Ponce, vicepresidente del CN y miembro de la bancada de la UD, declaró que con esta actitud los empresarios evidencian poca seriedad "ya que por un lado dicen que apoyan las medidas para la seguridad y por otra desacreditan las medidas aprobadas por el Congreso y que fueron socializadas con ellos".

"Les hemos botado todos sus críticas, en primer lugar les demostramos con la ley que el dinero a recaudarse llegará a una caja única desde donde se traslada para depositarse en la cuenta especial de fideicomiso, que será administrado por ellos (los empresarios), el Consejo Nacional Anticorrupción, el Foro Nacional de Convergencia y el Poder Ejecutivo", explicó Ponce.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Presupuesto II, Francisco Rivera, indicó que se ha revisado la validez de lo aprobado y "no hay indicios de inconstitucionalidad, mejor que nos digan si quieren o no quieren aportar, pero que no busquen más pretextos", afirmó el congresista.

Entre tanto, el subjefe de la bancada nacionalista Ricardo Díaz expuso que fue más que evidente la voluntad de casi la totalidad de los diputados para aprobar dos decretos que no hacen nada más que atender el reclamo de la gente más pobre que cada día pierde a uno o más familiares producto de la alto índice de delincuencia que se registra en Honduras.

En este país no queremos más excusas por parte de la Secretaría de Seguridad para combatir eficazmente la criminalidad común y la organizada, bajo un cronograma de metas, indicó el entrevistado.

ENEE aportará 35 millones de lempiras al fondo

La estatal Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) será una de las primeras aportantes al Fondo de Seguridad con una transferencia de 35 millones de lempiras para alumbrar las zonas de alto riesgo en el país.

Esa fue una de las medidas aprobadas la madrugada del viernes con la ratificación del acta que contiena la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, de que la ENEE debe aportar ese dinero y el recurso humano para la instalación de las luminarias, explicó el diputado Héctor Guillén, presidente de la Comisión de Presupuesto I.

Explicó que "desde el año pasado se había aprobado un decreto para el alumbrado público y no se pudo ejecutar; ahora se ejecutará a través del fideicomiso".

"En la ley quedó bien claro que se va a manejar a través de un fideicomiso para que ese fondo sea usado con la mayor transparencia posible", indicó. Una de las prioridades que tiene el plan estratégico de seguridad es instalar, además camaras de video en colonias y transporte urbano.