Santiago. Las empresas que se declararon en quiebra por deudas aumentaron en Chile un 22% interanual en enero pasado, la mayor cifra para un inicio de año desde 2015, según un reporte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) difundido por la prensa local.

De acuerdo con el informe citado este martes por el diario chileno "El Mercurio", en enero pasado 133 empresas liquidaron sus bienes por deuda, frente a 19 que lo hicieron en igual mes de 2015. 

Según el reporte de la Superir, se trató de "una variación normal en comparación a años anteriores", aunque expertos consultados por el medio de prensa señalaron una mayor "caída de las ventas y una ruptura en la cadena logística".

La caída se derivó de la crisis social que estalló el 18 de octubre pasado con protestas en todo el país sudamericano, en contra de la desigualdad y el modelo económico.

El docente de la Universidad de Chile, Nelson Contador, puso énfasis en la disminución de las ventas del comercio minorista.

"En muchas de estas compañías, las ventas han caído entre 30% y 40%, y resulta imposible sostener cualquier desarrollo operacional", indicó Contador.

El también especialista en reestructuración de empresas advirtió sobre un incremento en la liquidación o quiebra de más firmas en los próximos meses.

Por su parte, el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón comentó que un "número importante" de las empresas que se declararon en quiebra son pequeñas y medianas.

"Este registro se debe a la caída de los flujos y, por ende, a una baja de los ingresos de las compañías a causa de la crisis", señaló Alarcón en la nota de "El Mercurio".

De acuerdo con los entrevistados, el conocimiento y uso de la ley de quiebra ha ido en aumento, y tiene estrecha relación con el número de desempleados que se registra en el país sudamericano. 

La morosidad de pago de las empresas alcanzó en Chile los US$18.000 en promedio, según un reporte de Equifax y la Universidad San Sebastián del cuarto trimestre de 2019.

Chile lleva cuatro meses de protestas públicas en que la ciudadanía reclama el alto costo de la vida, además de exigir a las autoridades mejores pensiones y salarios.

En el marco de las manifestaciones se han registrado disturbios, quema de unidades de transporte y centros comerciales, así como daños a la infraestructura pública y privada, lo que ha afectado el funcionamiento de la economía.