Esta estrategia, que se ha ido preparando conjuntamente por varias entidades y organismos del Estado desde hace un año, estará lista en marzo próximo, es un trabajo que está siendo elaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Panamá dio a conocer su “Evaluación de Riesgo para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo”, durante un foro realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este documento, que sirve para medir las vulnerabilidades en los distintos sectores e identifica actividades económicas y las clasifica como de bajo, medio o alto riesgo para el blanqueo de capitales, ahora puede ser utilizado para tomar las medidas necesarias para blindar su economía.
Al contar con esta evaluación el siguiente paso es elaborar la estrategia nacional de prevención que utilizarán para eliminar las vulnerabilidades detectadas en el documento.
Esta estrategia, que se ha ido preparando conjuntamente por varias entidades y organismos del Estado desde hace un año, estará lista en marzo próximo, es un trabajo que está siendo elaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La evaluación nacional de riesgo detectó algunos sectores más vulnerables como las zonas francas (incluyendo la Zona Libre de Colón), la actividad inmobilaria y los esquemas o vehículos de esctructuración de sociedad anónimas que ofrece el sector de servicios panameño, este último punto ha sido uno de los más cuestionados y que ha causado un daño reputacional al país en el último año.
Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos dejó claro que los delitos son cometidos en el exterior. Por otro lado, indicó que una vez identificados los sectores más vulnerables el gobierno va tratar de atacar con muchos más recursos estas debilidades.
El documento igualmente se hace valioso a la hora de asignar recursos humanos, tecnologicos y económicos y ver que se tiene que priorizar.
“Lo que el documento plantea es que con los recursos limitados que tenemos, porque eso es lo primero que debemos entender, que los recursos son limitados, y las vulnerabilidades son creciente, se puede priorizar las áreas en dónde tenemos estas debilidad y mitigarlas” aseguró Villa.
Por lo menos en este momento hay asignados unos US$12 millones en proyectos para aumento de supervisión que serán destinados a áreas principalmente en capacitación y áreas de adquisión tecnológica, de acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Estos millones están repartidos en varias entidades incluyendo la Unidad de Analisis Financiero (UAF), Intendencia de Sujetos no Financieros y hasta la Dirección General de Ingresos (DGI).
De La Guardia dijo que se les pidió a todos los supervisiores que conforman el Consejo Nacional de Contra el Blanqueo de Capitales, que él preside, que hicieran la solicitud del personal que necesitaban para reforzar estas entidades y esos requerimientos fueron incluidos en el presupuesto del 2017.
En cuanto al resultado del informe prresentado este martes, la Evaluación Nacional de Riesgo, el titular del Mef dijo sentirse satisfecho con el trabajo. “Con esta herramienta, Panamá salvaguardará mejor su plataforma de servicios financieros y seguirá fortaleciendo su competitividad” dijo el ministro.
“El establecer este nuevo marco legal para nuestro país ha sido un trabajo titánico, logrado en un tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado” indicó.
Desde noviembre 2015, la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros ha realizado 66 supervisiones a los sectores de más alto riesgo, como Zona Libre de Colón, empresas de remesas y actividades como las que realizan los agentes residentes, entre otros. De estas supervisiones, se han iniciado 11 procesos sancionatorios.
“Cada organismo de supervisión ha iniciado con decisión la supervisión basada en riesgo, de sus sectores. Más de 13,000 personas de los diversos sectores han sido entrenadas hasta el momento. Hay cerca de 12,000 nuevas empresas del sector no financiero inscritas en la Intendencia para ser reguladas y supervisadas. Y todos los organismos de supervisión están publicando las multas una vez culminan los procesos sancionatorios”, precisó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
