Madrid. El gabinete español aprobó este miércoles, por decreto, una cuestionada reforma del mercado laboral, aunque el proyecto, con el que se busca dar un impulso a la alicaída economía, deberá ser ratificado en el Parlamento, donde el gobierno no tiene mayoría.

El decreto incluye un abaratamiento del despido al generalizar un contrato con indemnizaciones más bajas y ampliar las aportaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en los despidos.

La resolución entrará en vigor el jueves, aunque el Ejecutivo prevé que se modifiquen algunos aspectos del decreto durante la tramitación parlamentaria, ya que ha dejado fuera del texto algunos asuntos, como la creación de un fondo de capitalización para financiar el despido que estaba incluido en el borrador del proyecto.

Tras la previsible convalidación parlamentaria del próximo 22 de junio, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero confía en obtener el apoyo de diversas formaciones parlamentarias en la tramitación del proyecto.

Tras varios años de buenas relaciones con el gobierno, los sindicatos han convocado a una huelga general para el próximo 29 de septiembre.

"El gobierno confía en que una reforma como ésta (...) pueda hacerse con el mayor grado de acuerdo (...) estos días hemos contactado con los distintos grupos parlamentarios para conocer sus criterios de fondo, criterios que en algunos casos incluso se han incorporado ya a la iniciativa que aprobamos hoy", dijo la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La aprobación de la reforma laboral ha sido el detonante definitivo en la ruptura entre el gobierno y los sindicatos.

Tras varios años de buenas relaciones con el gobierno, los sindicatos han convocado a una huelga general para el próximo 29 de septiembre.

Despido barato. La reforma que se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado abarata el costo del despido al generalizar el contrato de fomento del empleo -que permite despidos con 33 días de indemnización frente a los 45 habituales- a la gran mayoría de los contratos.

"Queremos que este contrato sea una auténtica alternativa", dijo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para explicar que los trabajadores despedidos con edades entre 31 y 44 años podrán ser también recontratados bajo la fórmula de fomento de contratación -que contempla 33 días de despido-.

Hasta ahora, el contrato de "despido barato" era aplicable a mujeres, jóvenes de entre 16 y 30 años y mayores de 45, entre otros.

Vista la polémica levantada, hay otras medidas que directamente se han quedado fuera del decreto a la espera de un acuerdo en su tramitación parlamentaria.

La más importante de todas es la creación de un fondo de capitalización a partir de 2012 que sustituya al Fogasa y subvencione parte del costo de la indemnización al empresario.

Esta fórmula, conocida como modelo austríaco, no está incluida en el decreto, pero Corbacho ya ha dejado claro que entrará en trámite parlamentario.

Tramitación. Pese a indicar que la tramitación parlamentaria del proyecto podría demorarse hasta un año, el ministro de Trabajo y la vicepresidenta del gobierno han dejado claro que confían en que el proyecto de ley se tramite cuanto antes y que esperan contar con respaldo parlamentario.

"Debido a la importancia y a querer el concurso de la máxima participación, el gobierno entiende que ese modelo (austríaco) deberá hacerse mediante la tramitación de un proyecto de ley en el plazo de un año", dijo Corbacho en la rueda de prensa posterior a la reunión de gabinete.

"La voluntad del gobierno es que el proyecto de ley se tramite lo antes posible", dijo poco después el titular de Trabajo.

Posteriormente, en un aparte con periodistas, la vicepresidenta dijo que espera que el proyecto se apruebe en octubre o, a más tardar, antes de fin de año.

El decreto aprobado el miércoles deberá ser convalidado por el Parlamento el próximo 22 de junio y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) inmediatamente este jueves.

Su tramitación como proyecto de ley permitirá a los grupos un margen de negociación sobre diversos aspectos.

La legislación española permite la tramitación de medidas urgentes mediante decretos que deben ser posteriormente convalidados por el Congreso. Si la ratificación incluye la tramitación como proyecto de ley, como es el caso, las medidas aprobadas por el gobierno son de aplicación hasta la aprobación del proyecto de ley.