El gobierno debe rehacer la estructura del presupuesto, lo que implica reducir el gasto corriente y buscar hacer más eficientes las funciones del gobierno con menores recursos, indicó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
El gobierno mexicano deberá replantear su política fiscal no sólo por las implicaciones que puedan representar los cambios tributarios en Estados Unidos, sino porque necesita darle más viabilidad a las finanzas públicas de mayores ingresos y gasto más sostenible, indicaron expertos.
El gobierno debe rehacer la estructura del presupuesto, lo que implica reducir el gasto corriente y buscar hacer más eficientes las funciones del gobierno con menores recursos, indicó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
Por ello, dijo que “se requiere un cambio de 180 grados en la política fiscal y en general de la política hacendaria del país, en la que se haga una estructura tanto de los ingresos como del gasto”.
Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), comentó que México ya no tiene espacio fiscal para reducir su recaudación, pues de hacerlo implicaría buscar otras fuentes de financiamiento como la deuda, lo cual no sería positivo.
Por ello, expuso que el gobierno debe hacer una verdadera reingeniería del gasto, en la que reduzca más el gasto corriente e impulse la inversión.
“Hay que hacer una reingeniería del gasto y ver más por el gasto en inversión, el cual tiene una caída que no habíamos visto desde los años 70, y eso es grave porque al no tener infraestructura no hay dinero para mantener la que se tiene y afecta seriamente la productividad y la competitividad del país”, expresó.
Se perderían décimas en recaudación.Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), indicó que la reforma que impulsó el presidente Donald Trump podría afectar en 3 décimas lo que se recauda del Impuesto sobre la Renta (ISR) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
“Por concepto ISR en México se captan 8 puntos del PIB, de los cuales 4 puntos vienen de personas morales y de esos puntos tres provienen de empresas que facturan alrededor de 500 millones de pesos o más al año (...) corremos el riesgo de perder 2 o 3 décimas de recaudación”, mencionó.
A su parecer, no sería conveniente que el gobierno mexicano reaccionara de manera inmediata reduciendo el ISR u homologando el Impuesto al valor agregado (IVA), ya que hay otros factores que hacen que México se perciba como un país atractivo.
“Aun con la reducción de 35 a 20% en la tasa corporativa en EU, México seguirá siendo atractivo porque la mano de obra es barata y hay muchas cadenas de producción que se han venido planeando desde hace mucho tiempo bajo estas condiciones”, detalló.
Abundó: “La reforma fiscal en EU es el gatillo que nos lleva a una discusión más amplia de nuestro sistema fiscal. se deben hacer cambios no sólo por el país vecino, sino por los problemas estructurales de finanzas públicas que ya traíamos”.
Homologar IVA, otra opción. Nora Morales, vicepresidenta de la Comisión Fiscal de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), consideró que homologar de manera gradual el IVA sería una opción viable para poder cubrir los recursos que se dejen de obtener, en caso de que se reduzca el ISR.
“Primero debemos ver hasta qué punto las finanzas públicas aguantan y qué otros ingresos tenemos para sopesar (...) Si bien no es la opción políticamente más conveniente, una opción sería generalizar el IVA”, refirió.
Enfatizó que no necesariamente se tendría que reducir el ISR al nivel en el que se ubique en EU, pero sí debe ser cercano para no perder inversiones.
“Lo que no es conveniente es tener un ISR de 35% cuando ellos están en 20%, son muchos puntos porcentuales, tendríamos que acercarnos a 20 o 22 por ciento”, argumentó.
Foncerrada abundó que si bien homologar el IVA podría darle 1.5% del PIB en recaudación al gobierno, se deben contemplar los efectos que tendrían sobre los sectores más vulnerables.
“Se debería aplicar de manera simultánea como un mecanismo de protección a los grupos de menores ingresos para que no les afecte pagar el IVA en alimentos y medicinas, además, se debe analizar crear una canasta básica que los deje exentos del IVA”, señaló.
Los analistas coincidieron en que la reforma fiscal de EU entraría en vigor en el 2019, lo que le daría tiempo a México de poder analizar cambios en su política fiscal, no sólo en la parte de ingresos, sino también del gasto público.
En su oportunidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional plantearon por separado que la reforma fiscal de Trump, incluso antes de ser aprobada, generaba un punto de riesgo para la economía mundial, particularmente para sus principales socios, entre ellos México.
