"El establecimiento de la nueva tasa en ningún momento puede sustituir el presupuesto destinado para la Secretaría de Seguridad", según el presidente la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecamara), Amílcar Bulnes.

De manera reciente, el Congreso Nacional comenzó una cruzada nacional para consensuar la aplicación de una tasa para recaudar 1.500 millones de lempiras (US$78,4M) destinados al equipamiento tecnológico y logístico para la Policía.

Bulnes, quien fungió como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó que al interior de Fedecámara existe anuencia en el establecimiento de la tasa de seguridad.

"El sector privado está consciente de que en el país existe un problema de seguridad muy serio y que existe ausencia de los recursos financieros suficientes, económicos y humanos, para enfrentar a la delincuencia y la criminalidad", expresó.

Según Bulnes, es necesario el concurso de los empresarios así como de los demás sectores sociales para contribuir a solventar el principal problema que abate a la población.

Las garantías

El presidente de Fedecámara dijo que existe anuencia para la conformación de un fideicomiso y que en la administración de los recursos participen las cámaras de comercio, Cohep, y otras organizaciones de la sociedad civil.

"Recomendamos que estos fondos no se destinen al gasto corriente de la policía y que sea complementario al presupuesto de la Secretaría de Seguridad", amplió.

Los empresarios sugieren la aplicación de controles de gasto y de transparencia para el uso racional de estos recursos.

Para Bulnes debe existir un mecanismo mediante el cual se adhiera la tasa municipal de seguridad establecida en 23 municipalidades al nuevo fondo. No puede existir una doble imposición.

¿Cuánto aportarán?

El empresario capitalino manifestó que desconoce, a la fecha, cuál es el monto exacto y los requerimientos, porque la Secretaría de Seguridad aún no les ha presentado un plan y un presupuesto.

"Sin embargo, es posible que para superar los problemas de seguridad que azotan al país se requiera una cifra mayor a la mencionada. Todos los sectores deben aportar, si son empresarios o no, funcionarios o no", explicó Bulnes.

Desencanto general

El presidente de la Cámara de Comercio de Marcala, La Paz, Wilmer Josué David, informó que los empresarios están alertados por la ola de criminalidad que azota el municipio y sus alrededores.

"El domingo anterior secuestraron a uno de los más reconocidos empresarios de esta zona. Los robos y los asaltos están a la orden del día, pese a que esta comunidad era muy pacífica", se lamentó.

El dirigente empresarial, expresó que la dirigencia de la cámara y otros sectores integrados en la comisión municipal determinaron la construcción de cuatro postas policiales para brindar mayor seguridad en la zona.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Danlí, José Milton Amador, expresó que están en alza los niveles de criminalidad que se viven en la zona oriental del país.

Pese a que se cobra una tasa de seguridad ciudadana se instituyó desde hace 10 años pero no existen resultados contundentes.

Amador visualiza la imposición de la nueva tasa de seguridad como el cobro de un nuevo tributo. "Vemos que se quiere llenar las arcas de otras personas. La tasa que se quiere cobrar es para institucionalizar más burocracia en el país", dijo.

Existe un comité de transparencia, continuó, "pero transparencia no existe. No se mira en qué se invierten esos recursos".

El gremios

Fedecámara es el organismo representante de todas las cámaras en los asuntos de carácter general, con competencia en todo el territorio nacional, y tiene además a su cargo las relaciones internacionales en representación en las cámaras miembros.

Se concibe como un sistema articulado de cámaras que opera en 15 de los 18 departamentos del país, aglutina a unas 7.000 empresas aproximadamente, de diferentes rubros y tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).