El Ejecutivo no puede seguir esperando más a que el Congreso apruebe préstamos internacionales, parte de los cuales se destinarían a programas sociales, ni tampoco una ley contra la evasión fiscal.

El presidente Álvaro Colom anunció un recorte de 2.125 millones de quetzales, unos US$265 millones, en el presupuesto, una medida que estremecerá a casi todas las instituciones del Estado, incluso aquellas dedicadas a la seguridad, justicia, educación, salud y agricultura.

El Ejecutivo no puede seguir esperando más a que el Congreso apruebe préstamos internacionales, parte de los cuales se destinarían a programas sociales; ni tampoco una ley contra la evasión fiscal.

La oposición guatemalteca bloquea desde hace meses el financiamiento gubernamental con el argumento de que el país no puede seguir endeudándose. Pero también ha declarado que solo discutirá el tema cuando se conozcan los resultados de las elecciones generales del 11 de septiembre, cuando los votantes elijan presidente, diputados y alcaldes.

Hugo Mául, director del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo a el periódico guatemalteco Prensa Libre que, a pesar del panorama gris, el recorte descubre ante la población las debilidades del gobierno y que la resolución de los problemas fiscales no puede esperar más.

“Se ha desnudado la crisis institucional detrás de las finanzas públicas y el discurso vacío de quienes piensan que simplemente por el hecho de gastar más dinero se soluciona el problema del país”, reflexionó Maúl.

Para el analista del CIEN, lo positivo es que se deberá definir prioridades en las instituciones gubernamentales, se requerirá mejorar la eficiencia y disminuirá el déficit fiscal.

Según el economista, queda demostrado que ni el gobierno actual ni el entrante pueden mantener un gasto público en los niveles actuales, sin una reforma fiscal profunda.

No obstante, cree que los recortes en servicios vitales, como seguridad, educación y justicia, significa un chantaje para el Congreso y el electorado.

Por su lado, la comunidad internacional recibió con preocupación el estacancamiento del financiamiento estatal en Guatemala, ya que afectará servicios claves para la población.

“Tenemos que tener un Estado más fuerte en este tema y mayor coordinación de trabajo”, opinó Pedro Henríquez, consejero jefe de Sección Cooperación de la Unión Europea (UE), en declaraciones a Diario de Centroamérica.

La colaboración internacional funciona con un principio de reciprocidad, que requiere una acción del Estado complementario. "De lo contario, la cooperación pone en cuestión los aportes”, recordó Henríquez.

El país quedará con las manos atadas para reaccionar en caso de emergencias que comprometan a sus ciudadanos, expresó por su lado Willem van Milink, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Guatemala.