El gobierno del presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, reanudará la próxima semana su carrera contrarreloj para aprobar las reformas fiscales sujetas al nuevo programa económico con el FMI.

María Elena Mondragón y Héctor Guillén, gobernadora propietaria y gobernador suplente ante la asamblea del Fondo Monetario Internacional, respectivamente, se encuentran en República Dominicana participando en una reunión de ese organismo financiero, en donde aprovecharán para dialogar con personeros del FMI sobre el trabajo que realiza Honduras de cara a la firma de la Carta de Intenciones.

La Ley Antievasión del 1%, que fue aprobada el pasado 20 de junio, y la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales, que será enviada la próxima semana por el poder ejecutivo al congreso nacional, son parte del paquete de medidas tributarias que el gobierno tiene pendiente aprobar antes de iniciar las negociaciones para un nuevo acuerdo por 18 meses.

“Las autoridades ratificaron su compromiso a continuar con la consolidación de las finanzas públicas y fortalecer el marco de política monetaria, así como continuar avanzando en las reformas estructurales en curso”, reza el último comunicado del FMI, fechado el 9 de febrero de 2012.

El último programa con el Fondo Monetario expiró el 31 de marzo de 2012, desconociéndose hasta el momento si el gobierno cumplió con las metas indicativas y reformas estructurales negociadas.

El comienzo de las negociaciones se ha pospuesto en tres ocasiones, lo que ha encendido la alarma en diversos sectores de la sociedad, ya que al no haber un arreglo vigente con el FMI, Honduras no tendrá acceso a unos US$130 millones  (2.530 millones de lempiras) en apoyo presupuestario.

Se ha anunciado que la misión técnica arribará al país a finales de agosto o principios de septiembre para negociar el nuevo convenio.