Debido a la negativa del gobierno de Cristina Fernández de disponer sus cuentas públicas y de su sistema financiero para que el Fondo Monetario Internacional haga un revisión, según lo dispone el artículo IV  (como miembro del FMI y del G-20), el subdirector de la entidad,  John Lipsky fue enfático en manifestar que efectivamente Argentina puede recibir sanciones.

"Ser miembro del FMI implica obligaciones, y una es esta consulta [del artículo IV], pero es una obligación hacia el resto de los miembros, no al staff o a la conducción del FMI. Así que éste es un asunto que deberá ser tratado por los miembros del FMI en sus discusiones", publica La Nación.

Fuentes oficiales ratificaron que el Gobierno "no quiere aceptar un artículo IV". Sin embargo, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo que tanto esa entidad como el Ministerio de Economía sí le mostrarán casi los mismos datos al G-20, a fines de octubre. Quien recaba la información de cada país en el G-20 es el FMI, por lo que la negativa retórica del Gobierno queda parcialmente relativizada.

El gobierno trasandino ha manifestado en varias ocasiones de tratar de evitar al FMI como agente supervisor del pago al Club de París, pero a la vez se niega a pagarles a los países a los que debe dinero desde 2001 con las reservas del Banco Central.

Una "tercera vía", que implique pagar algunas cuotas y con la supervisión del G-20 o de otro organismo, es resistida por los países acreedores.