El bitcoin no debe ser adoptado como moneda de curso legal en El Salvador porque su volatilidad implica riesgos para los consumidores y la integridad del sistema financiero del país centroamericano, recomendó, este lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Salvador se convirtió en septiembre en el primer país en el mundo en adoptar el criptoactivo como moneda de curso legal, en paralelo al dólar estadounidense. El sábado, el presidente del país, Nayib Bukele, anunció su plan para construir la primera "Ciudad Bitcoin", financiada inicialmente con bonos respaldados por bitcoines.

Pero una misión del FMI, que recientemente estuvo en El Salvador, recomendó a las autoridades no usar el bitcoin como moneda de curso legal debido a los altos riesgos que implica y sugiere mayores controles en la implementación de la política.

"Dada la alta volatilidad del bitcoin, su uso como moneda de curso legal implica grandes riesgos para la protección del consumidor, la integridad del sistema financiero y la estabilidad financiera", dijo el FMI en un comunicado.

"Su utilización también puede ocasionar contingencias fiscales. Debido a esos riesgos, el bitcoin no debería ser adoptado como moneda de curso legal. La misión recomienda limitar el alcance de la ley Bitcoin y urge a fortalecer la regulación y supervisión del nuevo ecosistema de pagos", agregó.

El organismo, que estima que la economía de El Salvador tendrá un crecimiento de 10% en 2021 y de 3,2% en 2022, reconoció que la adopción del bitcoin promueve la inclusión financiera y el crecimiento económico, pero alertó sobre los posibles peligros en las finanzas de la empobrecida nación.

"El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar su evaluación técnica de El Salvador (...) Y aunque obviamente no estamos de acuerdo en algunas cosas, como la adopción del bitcoin, es interesante el análisis que hacen de nuestro país", respondió Bukele en Twitter.

El FMI, que calcula que la deuda pública del país podría alcanzar el 85% de su producto interno Bruto (PIB), recomendó implementar un paquete de consolidación fiscal que ascienda aproximadamente el 4% del PIB durante los próximos tres años.

El Salvador y el FMI están negociando un acuerdo de financiamiento por US$ 1.300 millones.