Tegucigalpa. Honduras es uno de los países que más ingresos pierde por concepto de evasión fiscal. Cifras de organismos internacionales y nacionales coinciden que por cada lempira a recaudar, el fisco deja de percibir entre 20 y 40 centavos. 

Lo anterior significa que el erario pierde unos 8 mil millones de lempiras (US$ 414,8 millones) como mínimo al año.

Para revertir esa situación, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al gobierno de Porfirio Lobo Sosa aprobar la ley antievasión, para dotar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de un instrumento jurídico que le permita mejores prácticas de cobranza, fortalecer los controles en materia de tributos internos y aduaneros, así como la aplicación de multas a los defraudadores y subvaluadores.

El tema vuelve a cobrar auge después de que el gobierno negociara con el FMI un acuerdo económico por 18 meses y entre los compromisos adquiridos destacan reformas estructurales para mejorar la recolección de impuestos.

Para reducir los desequilibrios fiscales, la administración Lobo Sosa se ha comprometido a mejorar la administración y recaudación tributaria.

Sin embargo, la aprobación de esa ley ha venido siendo anunciada en los últimos cuatro años pero la falta de consenso en algunos artículos ha venido postergando la promulgación de ese marco legal.

El Ejecutivo hondureño tiene una serie de borradores de la ley antievasión, ya que desde el 2007 ha venido siendo sometido a un proceso de socialización.

Instrumento. Para el ministro director de Ingresos, José Oswaldo Guillén, la citada ley vendrá a fortalecer la capacidad recaudadora de la DEI, el combate a la corrupción y la depuración del sistema aduanero.

Agregó que una de las debilidades es la parte de cobranzas, ya que muchas veces tardan hasta 10 años para recuperar un impuesto dejado de percibir y el sistema no puede continuar funcionando de esa manera. 

El funcionario dijo que la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, aprobada mediante Decreto 17-2010 del 22 de abril del presente año, contiene una serie de artículos que vienen a fortalecer la administración del sistema tributario y aduanero del país, pero es necesario que se apruebe el mencionado marco legal.

Contenido. Entre las medidas plasmadas en la ley antievasión destacan que las transacciones comerciales superiores a 50.000 lempiras (US$ 2.500) deben hacerse a través de instrumentos del sistema bancario, con lo que se pretende reducir las prácticas evasivas de inventar comprar o gastos que terminan siendo deducidas del Impuesto sobre la Renta. 

Lo anterior significa que cuando una operación comercial arriba de ese monto sea realizada en efectivo no podrá ser imputada ni registrada como costo, gasto o compra para fines fiscales por el comprador.

También se estima conveniente crear el registro fiscal de imprenta, lo que permitirá un efectivo control sobre la impresión de facturas y de otros documentos de uso legal en las operaciones comerciales. En los recientes operativos de auditorías de la Dirección Ejecutiva de Ingresos se ha detectado que muchos contribuyentes jurídicos usan doble facturación.

Para alcanzar ese objetivo, la DEI facilitará una clave a las imprentas autorizadas, lo que le facilitará un efectivo control sobre esas empresas.

Otro de los puntos que no ha sido consensuado es el secreto bancario, que es uno de los aspectos que ha empantanado la socialización.