San Juan, EFE. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, presentará un plan de control fiscal para hacer frente a la crisis que vive el país, acentuada a raíz de la reciente degradación crediticia al nivel de "bonos basura".

Según adelantó su gabinete, el mensaje que ofrecerá García Padilla, que está previsto que comience a las 16.50 hora local (20.50 GMT), se centrará en las medidas que tomará su Gobierno para seguir funcionando pese a las dificultades de financiación con las que se va a encontrar después de la revisión de calificación de Standard & Poor's (S&P) y Moody's.

S&P anunció el pasado martes la rebaja de la calificación de la deuda puertorriqueña de BBB- a BB+, lo que supuso la entrada oficial de Puerto Rico en el terreno de las inversiones de grado especulativo, un ámbito conocido como de los bonos "basura" o "chatarra".

Dicha agencia además mantiene la perspectiva negativa para la calificación de la isla ante los problemas de liquidez que en su opinión padece este Estado Libre Asociado a EE.UU.

Tres días después Moody's imitó a S&P al rebajar a "chatarra" la valoración de la deuda de Puerto Rico, aunque fue algo más allá, porque rebajó en dos escalones la calificación, y la dejó enterrada en el segundo nivel del grado especulativo.

Además, advirtió que las perspectivas son malas y que en la isla caribeña se van a tener que tomar decisiones muy duras en los próximos meses.

El Gobierno de Puerto Rico llevaba semanas haciendo todo tipo de esfuerzos para evitar una bajada de la calificación, entre otros motivos porque ahora tendrá que acelerar el pago de cerca de 900 millones de dólares a sus deudores. En conjunto, la isla acumula 70.000 millones de dólares en forma de deuda.

Hasta el momento, García Padilla ya ha anunciado que ha dado orden de recortar un 2 % el gasto de las agencias públicas de la isla, de reducir en un 20 % el déficit con el que se cerrará este ejercicio fiscal, que acaba el 30 de junio, y de gastar lo mismo que se ingrese en el próximo año fiscal.

Además, ha dado orden de acelerar la renegociación de la deuda con vencimiento más próximo y la emisión de nuevos instrumentos de deuda hasta un máximo de 3.500 millones de dólares, que, aunque se colocarán previsiblemente a intereses muy altos (que podrían rondar el 10 %), servirá para refinanciar parte de la deuda.

Eliminar entes públicos, establecer un nuevo reparto territorial de competencias, recortar jornadas, vacaciones y beneficios entre los funcionarios y subir el impuesto sobre ventas y uso (IVU) son algunas de las opciones que el Gobierno también baraja para hacer frente al nuevo panorama.