Tras 18 horas de reunión continua, el gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) arribaron este lunes, a las 11.00, a un preacuerdo. Por la tarde, la COB realizó un ampliado de emergencia y determinó trasladar a los sindicatos la decisión de aceptar o rechazar el “acta de reunión”, como la denominaron, concertada con el Órgano Ejecutivo.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) fue uno de los pocos sectores que aceptó el preacuerdo. Su máximo dirigente, Guido Mitma, aclaró que los trabajadores mineros iniciaron las movilizaciones no con el objetivo de lograr un mayor aumento salarial, sino de que el gobierno abrogue el Decreto 21060 y se comprometa a reactivar el aparato productivo.

“Nosotros no hemos venido por el tema del salario, hemos venido por los temas políticos reivindicativos”, afirmó. El secretario general de la Federación de Fabriles de La Paz, Wilson Mamani, expresó su rechazo al alza salarial del 10% y añadió que su sector tomará una decisión en un ampliado que se realizará hoy a las 16.00.

El ejecutivo de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, y el secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) de La Paz, Juan Solares, también coincidieron en rechazar el preacuerdo. Solares indicó que en el ampliado de emergencia realizado por su sector se determinó continuar con las medidas de presión. Dijo que similar medida será tomada hoy, a las 8.00, por los demás sindicatos del país.

Ampliado. El secretario general de la COB, Bruno Apaza, indicó que para este martes se ha convocado a un ampliado nacional donde se definirá la propuesta que se haga conocer al gobierno.

“A las nueve de la mañana realizaremos un ampliado nacional de todos los trabajadores para la toma de decisiones y la propuesta final que hagamos conocer al Gobierno nacional”, precisó y agregó que luego de la reunión solicitarán por escrito una audiencia.

El preacuerdo establecido entre la COB y el Órgano Ejecutivo consta de nueve puntos. Por la mañana, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, explicó que la dirigencia de la COB pidió en el encuentro un aumento salarial del 15%, para lo que planteó echar mano de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“Nosotros hemos sostenido que el 10% es una cifra que se puede y está al alcance de la economía que tiene el Estado nacional”, mencionó. De los nueve puntos acordados en la reunión, la abrogatoria del Decreto 21060 tiene especial relevancia. El punto tres señala que el Gobierno y la COB trabajarán en la elaboración de un decreto, a ser promulgado el 1 de mayo, y que “sepultará definitivamente el decreto neoliberal”.

Otro punto tiene que ver con la conformación de una comisión que estará presidida por la COB y que trabajará en la reestructuración de la CNS. Además, el Ejecutivo se compromete a respetar las cuentas fiscales de las cajas de salud.

Continuará libre oferta y demanda. El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Armando Méndez, dijo ayer que la decisión de abrogar el Decreto 21060 no provocará ningún cambio en el país, porque Bolivia se desarrolla en una economía de mercado desde hace tiempo.

Indicó que el postulado central de este decreto es la libre oferta y demanda, es decir la “libertad de precios”. En los últimos cinco años, dijo, el Gobierno “metió la mano” en fijar los precios, como en el caso del azúcar, que finalmente no pudo controlar ni establecer su precio porque “Bolivia es una economía de mercado”.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, el sistema de precios tiene una estrecha vinculación con la dinámica del mercado, donde “los precios de los productos en los mercados estarán más caros o más baratos dependiendo de su escasez o de su abundancia”. Añadió que muchos de los principios del Decreto Supremo 21060 son utilizados por el gobierno para controlar la inflación. Puso como ejemplo el desabastecimiento de azúcar.

Denuncian a marchistas. El fiscal Félix Peralta informó que recibió una denuncia del ministerio de gobierno en contra de los marchistas por afectar el bien público y por los presuntos delitos de atribuirse los derechos del pueblo e instigar públicamente a delinquir. Dijo, según ABI, que la denuncia será sustentada con informes de Inteligencia que servirán para identificar a los presuntos responsables de esos delitos.

Un déficit fiscal abultado. El ministro de Economía, Luis Arce, dijo que aceptar el pedido de la COB, de un aumento salarial del 15%, significa subir el déficit fiscal del Tesoro General de la Nación (TGN) de unos US$880 millones a cerca de US$913 millones. Sostuvo que es deber del gobierno precautelar las Reservas Internacionales Netas (RIN) para realizar inversiones o para respaldar la moneda nacional.