Buenos Aires. El gobierno de Argentina informó que no tiene planes de vender las participaciones en empresas locales que heredó al nacionalizar los fondos de pensión del sector privado a fines de 2008, debido a que perjudicaría los intereses tanto del Estado como de las empresas.

Con la oposición instando a mayores pagos para los pensionados y el actual debate sobre cómo el gobierno debería financiar las pensiones, el ministro de Economía, Amado Boudou, descartó la venta de acciones en las 43 compañías en que el gobierno ahora posee participaciones, las que van desde fracciones mínimas hasta una participación del 31% en Banco Macro (BMA).

"No vendimos (las acciones) ni lo vamos a hacer", sostuvo Boudou en una conferencia de prensa para analizar los pagos de pensiones. Ello da tranquilidad a los directores y trabajadores, y salvaguarda la economía argentina, indicó.

A fines de 2008, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tomó el control de cerca de US$23.500 millones en activos, incluidas acciones, de cerca de 10 fondos de pensiones del sector privado.

Según Anses, sus inversiones totales en acciones ascendían a 15.900 millones de pesos (US$4.000 millones) a fines de abril, equivalente a cerca del 11% de sus activos totales. La entidad recibió 311 millones de pesos en dividendos en 2009 y espera recibir 577 millones de pesos en 2010, según una presentación del 1 de junio de la Anses al Congreso.

Anses, a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad, posee cerca del 19,4% de Pampa Energía, cerca del 25% de Telecom Argentina, 20% de Grupo Galicia y cerca del 7% de Petrobras Energía.

El gobierno cuenta con fracciones mínimas de participación en distintas empresas, hasta 31% en el Banco Macro.

Boudou señaló que si el gobierno toma la decisión "irresponsable" de vender las acciones, las pérdidas bordearían el 50% del valor de empresas como Telecom, Siderar y Banco Macro. Además se arriesgaría a colocar la propiedad de las empresas en manos de especuladores internacionales, afirmó Boudou.

El ministro indicó que ello sería una pérdida de capital social y privado que el gobierno va a defender. Agregó que al ver el efecto que podría tener la venta instantánea de acciones y fondos de inversión, también se observa que "provocaría un impacto sobre el consumo y el crédito, que prácticamente desaparecerían".