El gobierno de Argentina iniciará investigaciones para saber en qué pudo resultar perjudicado el país desde el punto de vista fiscal frente a la millonaria denuncia por sobornos en la FIFA, que involucra a tres empresarios nacionales, dijo el jueves el jefe de gabinete de ministros.

En la primera reacción pública del funcionario, Aníbal Fernández afirmó que se buscará llegar hasta las últimas consecuencias, al tiempo que la Justicia argentina trabaja en el pedido de extradición de los ciudadanos locales a instancia de su par de Estados Unidos.

El mundo del fútbol fue sacudido el miércoles por el arresto de varios poderosos dirigentes en Zúrich, casi todos latinoamericanos, bajo cargos de corrupción de las autoridades estadounidenses que los investigan por sobornos multimillonarios. [nL1N0YI11O]

"Tanto la AFIP (ente fiscal) como la Inspección General de Justicia tomarán los recaudos necesarios para que veamos nosotros exactamente en qué nos han perjudicado (los imputados) a nuestro país, y en lo que nos hayan perjudicado, reclamarlo", dijo Fernández a periodistas.

"Los hechos ilícitos también pagan impuestos y en este caso si fuera demostrado que se pagaron esas coimas (sobornos), por esas coimas van a tener que pagar el 35% del impuesto a las ganancias", agregó.

La cancillería de Argentina recibió el miércoles el pedido de arresto de tres ciudadanos argentinos vinculados con la investigación relativa a la FIFA, trámite que de inmediato se cursó a la Justicia para que analice los alcances del mismo.

Al respecto, el juez federal de la causa, Marcelo Martinez de Giorgi, dijo a periodistas que está vigente el "pedido de captura con fines de extradición", pero "no sé si (los imputados) están en Argentina".

Los argentinos involucrados son Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, investigados por supuestamente integrar una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos por la comercialización del marketing y publicidad para los campeonatos que organizaba la FIFA con las confederaciones regionales.

Los abogados que los representan pidieron de inmediato la exención de prisión para transitar en libertad el proceso, por lo que el juez tiene 24 horas para decidir al respecto.

Uno de los empresarios involucrados pertenece a la firma Torneos y Competencias.

"Torneos y Competencias es dueña del (nacional) canal de deportes TyC, en un 50%, y el otro 50% (de TyC) pertenece a una empresa dominada por el Grupo Clarín", sostuvo Fernández.

"El Grupo Clarín es socia de Torneos y Competencias, pero además si nosotros vamos un poco más profundo, como el Estado es un socio minoritario de Clarín (...) es que también el Estado (...) pueda reclamar la intervención judicial para la averiguación específica del pago de sobornos", explicó.

El Grupo Clarín, el mayor multimedios de Argentina, con una visión crítica del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, negó cualquier relación con el escándalo.

El Estado argentino pasó a integrar en minoría el directorio del grupo cuando en 2008 estatizó los fondos de pensiones.

Todo el período de sospecha tuvo al difunto dirigente Julio Grondona al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien a su vez se desempeñaba como número dos de la FIFA.