El gobierno argentino pidió este domingo a fondos especulativos que demandaron al país por deuda en mora que se replanteen el escenario a partir de enero, cuando vence la cláusula que impide a Argentina pagar más a otros acreedores que a los que aceptaron las quitas de la reestructuración.

"Argentina no va a cambiar su posición", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, en declaraciones radiales sobre la negativa del gobierno a acatar el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, que obliga al país a pagar US$1.300 millones, más intereses, a fondos especulativos que no se adhirieron a los canjes planteados por Buenos Aires en 2005 y 2010 (aceptados por el 92,4% de los bonistas).

"Pasada la cláusula RUFO (sigla en inglés de 'derecho sobre futuras ofertas'), que funcionaba como elemento de extorsión, son ellos los que tienen que plantearse de nuevo el escenario", advirtió el titular de la cartera económica argentina.

Kicillof vinculó la batalla legal con los fondos demandantes a la propuesta realizada por el gobierno a bonistas para la liquidación anticipada de los títulos Boden 2015 y su canje por títulos Boden 2024.

"Esto es un espaldarazo. Argentina no está fuera del mercado", dijo el ministro sobre el 2% de los bonistas que aceptaron cobrar anticipadamente sus bonos y el 4% que aceptaron canjearlos.

"Argentina puso uno sobre otro US$6700 millones, y los bonistas no los aceptaron. Argentina quiere y puede pagar. El problema no es Argentina, el problema son los buitres", insistió.

Pese al discurso triunfalista, los analistas advierten que el gobierno esperaba que el canje proporcionase divisas que sirviesen para fortalecer las reservas del Banco Central de cara al año electoral que se avecina ante la dificultad para obtener créditos en el extranjero por el conflicto de la deuda.

Argentina fue demandada ante los tribunales de Estados Unidos por fondos de inversión que poseen deuda argentina emitida bajo legislación extranjera, en mora desde la crisis de 2001.

El juez Griesa falló a favor de los demandantes y su dictamen, que fue después ratificado en instancias superiores, ha impedido, a su vez, que los tenedores de títulos reestructurados puedan cobrar los vencimientos en Estados Unidos desde junio pasado, lo que ha llevado al país a una situación de impago técnico.