El Decreto de Necesidad y Urgencia dispone anular una norma que limitaba a 5% la representación de la administradora estatal de pensiones, Anses, en los directorios de las empresas privadas, independiente de su participación accionaria.

Buenos Aires. El gobierno argentino intervendrá en decisiones empresariales como pago de dividendos o planes de inversión, gracias a una medida que anuló límites a su participación en los directorios de compañías en las que es accionista a través de su ente de pensiones.

Adoptada por un sorpresivo decreto, la medida de la presidenta Cristina Fernández podría teñir de objetivos políticos a decisiones de negocios, según analistas, reforzando una ya extendida discrecionalidad en el manejo del Estado y en las relaciones entre el poder político y las empresas.

"El gobierno busca aumentar su capacidad de control, entrometerse más en la vida de las empresas, saber en que está cada empresa. El gobierno está acostumbrado a manejarse de una manera discrecional", dijo a Reuters el economista Gabriel Rubinstein, titular de la consultora GRA.

El Decreto de Necesidad y Urgencia publicado el miércoles dispone anular una norma que limitaba a 5% la representación de la administradora estatal de pensiones, Anses, en los directorios de las empresas privadas, independiente de su participación accionaria.

La estatal Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el ente de pensiones del país, heredó las participaciones accionarias en 2008, cuando Fernández nacionalizó el sistema privado de jubilaciones e hizo que su cartera de inversiones pasara a la órbita estatal.

Las extintas administradoras privadas no intervenían en los directorios de las sociedades en las que participaban.

Cuando desaparecieron esos fondos, cuyos dueños eran principalmente bancos locales y extranjeros, las compañías privadas rechazaron la presencia del Estado en sus directorios. Pero, con el paso del tiempo, algunas empresas defendieron el papel del director designado por el Estado.

'Capitalismo de amigos'. Actualmente las participaciones estatales se extienden entre 42 empresas, que incluyen grandes bancos y gigantes de la siderurgia, la energía y la comunicación.

Rubinstein dijo que la decisión gubernamental reforzará lo que en Argentina se llama jocosamente "capitalismo de amigos", un sistema en el que el acceso de empresarios a grandes negocios debe estar pavimentado por una buena sintonía con el poder político, que a su vez interfiere en la acción empresarial.

"Nos vamos alejando de lo que sería una economía sana para fortificar eso que se ha dado en llamar el capitalismo de amigos. Se va degradando el funcionamiento de la economía", explicó, indicando que decisiones empresarias de importación de insumos, por ejemplo, podrían quedar subordinadas a decisiones gubernamentales.

La Anses es virtualmente el único inversor institucional importante del mercado argentino.

"Esta acción consolida la interferencia gubernamental en el sector privado. El riesgo es que el gobierno politice decisiones de negocios, lo cual reduciría la eficiencia", dijo Boris Segura, economista en jefe para Latinoamérica de Nomura Securities desde Nueva York.

Entre las compañías en las que Anses posee participaciones relevantes se encuentra el Banco Macro, segunda mayor entidad financiera privada de capital local, la operadora Telecom Argentina, el gigante siderúrgico Siderar controlado por el influyente Grupo Techint, y el conglomerado Pampa Energía.

La acción del Banco Macro, del que Anses posee 30,9% del capital, perdía 1,45% a 16,95 pesos a las 1750 GMT. Pero todo el mercado bursátil argentino reaccionó a la baja ante la medida, en medio de una notoria cautela y recorte de volúmenes.

Empresarios cautos. Eduardo Costantini, presidente de la firma de bienes raíces Consultatio, de la que el gobierno tiene 26%, dijo a una radio local que "siempre consideramos a la Anses como tenedora (...) siempre le dimos el derecho político proporcional a su tenencia, que es lo que me parece más razonable".

El empresario aseveró que "ellos pueden decir que no están de acuerdo y votar en disidencia, pero al tener la minoría gana la mayoría. En el caso nuestro, siempre hemos buscado las decisiones por unanimidad".

Diego Bossio, titular de Anses, dijo que la medida no constituía "un avasallamiento" sobre decisiones privadas" y que el ejercicio pleno del Estado de sus derechos como accionista apunta a que "a las empresa les vaya bien" para que "produzcan más", de modo de garantizar las jubilaciones presentes y futuras.

Pero analistas como el economista independiente José Luis Espert discrepan de los objetivos que plantea Bossio.

"La estrategia es tener más control aunque no tengan mayoría societaria, será poder tomar decisiones y presionar a los accionistas mayoritarios", dijo Espert, para quien los empresarios eluden criticar abiertamente la medida "porque están haciendo muy buenos negocios".

La economía de Argentina creció en torno al 9% en 2010 y ha tenido un gran ciclo expansivo en los últimos años gracias a los altos precios de las materias primas agrícolas.