Con el objetivo de que el Estado tenga una entidad que facilite sus operaciones financieras, el Gobierno negocia la compra del restante 16,81% del paquete accionario del Banco Unión y no descarta la compra del restante 20% de las acciones del BDP.

El Decreto 0620 promulgado el 1 de septiembre autorizó al ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) suscribir y ejecutar, en representación del Tesoro General de la Nación (TGN), “convenios de compra de acciones ordinarias del Banco Unión SA que se encuentren en oferta de venta”.

“La Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado tiene que tener un banco estatal; estamos en negociaciones para dar cumplimiento a la Constitución y realizando todos los esfuerzos para su cumplimiento”, aseguró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.

Pertinente. El decreto señala que “es pertinente” fortalecer la participación accionaria del TGN en el capital social del Banco Unión con la perspectiva de que dicha entidad financiera sea la que facilite al Estado la realización de las distintas operaciones financieras de la administración pública.

De acuerdo con el registro de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), el TGN es el accionista mayoritario del Banco Unión y detenta 11,09 millones de acciones (83,19%). Los accionistas privados del ente financiero son Andrea Petricevic (9,52%), Luis Saavedra (3,51%), Roberto Rojas (2,25%) y otros accionistas tienen menos del 1%, según datos de la BBV.

El artículo 11 de la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2010 autoriza al MEFP efectuar, a nombre del TGN y recursos del mismo, inversiones en el capital de entidades financieras y “otras empresas en las que el Estado ya tiene participación accionaria” con el objetivo de ampliar la misma en la perspectiva del control pleno e independiente, para el cumplimiento pleno de la CPE.

Además de ser accionista en el Banco Unión, el Estado tiene también el 80% de las acciones del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el restante 20% son capitales de la Corporación Andina de Fomento (CAF), explicó Arce.

“El Banco de desarrollo Productivo tiene participación estatal, pero (también) puede ser cien por ciento estatal (...) Ambas son las únicas instituciones que son susceptibles de compra por parte del Tesoro”, sostuvo la autoridad.

El Decreto 0620 determina que la compra de acciones se convendrá contractualmente tanto de manera individual como conjunta con los propietarios, pero “los términos y las condiciones” con los vendedores “serán los mismos en todos los casos”.