El ministro de gobierno boliviano, Óscar Coca, fue el encargado de informar, este domingo en la noche, el resultado de la reunión y dejó en manos de la dirigencia cobista la firma del acuerdo, que según el Ejecutivo tiene el consenso en siete de las ocho demandas planteadas.

“Siete puntos están totalmente consensuados, el octavo tiene que ver con el tema salarial, que posibilita el incremento salarial solicitado por los trabajadores”, declaró la autoridad gubernamental.

En la conferencia de prensa no estuvieron presentes los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y tras una breve reunión en las instalaciones de la Vicepresidencia, donde se realizó la reunión, el secretario ejecutivo del ente laboral, Pedro Montes, informó que el documento será tratado en un ampliado que se realizará este lunes desde las 11:00 en su sede.

Rechazo. Por su parte, las centrales obreras departamentales de Oruro y Chuquisaca rechazaron el acuerdo. “No se cumplió el objetivo. Se mantiene el estado de emergencia y mañana (hoy) el ampliado dirá si activamos (las movilizaciones) otra vuelta como la anterior semana", declaró Jaime Solares, representante de Oruro. Roberto Pardo, ejecutivo de Chuquisaca, dijo que el incremento debe ser para todos los sectores, “no sólo para salud y magisterio”.

Para el gobierno, con el acuerdo consensuado en su mayoría, no debería haber más conflictos. “Suponemos que debe desarticularse cualquier iniciativa de seguir convulsionando el país, puesto que el gobierno ha cumplido. Hemos firmado el acuerdo y está en manos de ellos (COB) que el país se pacifique”, acotó el ministro Coca al final de su declaración.

Sin embargo, los trabajadores de la Caja también rechazaron la propuesta y mantienen las movilizaciones. La Federación de Maestros Urbanos de La Paz anunció para hoy una concentración, según el dirigente José Luis Álvarez. “La COB no puede firmar nada todavía, pero de alguna manera se le torció el brazo al Gobierno”, aseveró anoche.

Los mineros de Huanuni manifestaron su apoyo al documento redactado y anunciaron el retorno a su distrito, señaló Juan Carlos Guarachi, dirigente del sindicato. En cuanto a las medidas de protesta, en Trinidad se indicó que se suspendió el bloqueo a Santa Cruz, una vez conocido el acuerdo “por el incremento del 12%”, declaró Juan Acosta, dirigente de la COD-Beni.

En Cochabamba, las seis federaciones del trópico, campesinos y Bartolinas se declararon en estado de emergencia en apoyo al Gobierno.

Coca explicó que durante la negociación, el Ejecutivo ratificó que la demanda del 15% de aumento significaría la decisión de no realizar obras para el país como carreteras, fábricas y hospitales, pero que en un esfuerzo del Gobierno se propone el 11% de incremento (un punto más que el aprobado por el Ejecutivo con el Decreto Supremo 809). “En el debate, algunos dirigentes de la COB bajaron de 15 a 13% y luego surgió la propuesta del 12%, y algunos dijeron que estarían satisfechos con un punto de aumento”, reveló la autoridad.

Añadió que en el caso del otro 1%, se buscarán otras alternativas, ya que el Tesoro General de la Nación no tiene recursos. “Se creará una comisión entre la COB y el Gobierno. Si llegamos a caminar de esta manera, se llegaría a ese 12% que ha sido anhelado por la COB”, manifestó.

Presidente. Tal como había referido el ministro de Autonomías, Carlos Romero, el primer mandatario Evo Morales no asistió a la reunión. Desde Quillacollo, donde hizo la entrega de un campo deportivo, el gobernante reiteró, en la mañana, que el Estado estaba imposibilitado de acceder a un incremento mayor al 10 por ciento en los salarios, porque ello significaría dejar de invertir en una serie de programas de reactivación económica o no pagar los bonos a los ciudadanos de la tercera edad, a los niños y a las mujeres en gestación y con hijos menores de dos años.

Reiteró que, desde que asumió la presidencia en enero del 2006, se cumplió con el compromiso de aprobar cada año incrementos salariales superiores a los índices inflacionarios. Empero, abrió la posibilidad de aplicar un proceso inversamente proporcional, de forma que los que ganen más reciban menos y viceversa. “Así lo hemos hecho con las FFAA y la Policía”, acotó.

Luego el Presidente se dirigió a San Gabriel, en el trópico cochabambino, donde dijo que algunos sindicatos radicales no deben pasar de la reivindicación de sus demandas salariales, “a agresiones y a una abierta conspiración contra la democracia y la estabilidad nacional”, en alusión a las movilizaciones y medidas de presión de los sectores en conflicto.

Propuesta de ocho puntos

Salario. Incremento salarial del 11% con la opción de otro 1% de acuerdo con la obtención de recursos.

DS 21060. Un decreto incluirá las leyes que tienen el espíritu del 21060. Recuperarán empresas capitalizadas.

Reactivación. La COB presentará proyectos para la reactivación productiva.

Caja. Una comisión trabajará en la reestructuración integral de la CNS.

Leyes 2027 y 2028. Del Funcionario Público y de Municipalidades serán adecuadas a la CPE.

Fuero. Se mejorarán los procedimientos para trámites.

Pandura. Se ratifica el acuerdo de abril del 2010.

Alimentos. Garantizan la seguridad alimentaria.

Insisten en el artículo 23. El artículo 23 de la Ley Financial es el principal punto que mantiene el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS).

La dirigencia de la Caja demanda que se anule el mencionado artículo bajo el argumento de que con la norma se estaría disponiendo que los recursos de los asegurados pasen a una cuenta única que esté bajo la tuición del Estado.

El Ejecutivo, a través de una solicitada, aclaró que la CNS tiene abiertas 41 cuentas fiscales desde 1993 y que la Ley Financial 2011 está dirigida a las entidades de la seguridad social que no cuentan con las mismas, pero la CNS cumple con el mencionado artículo.

El dirigente del sindicato de trabajadores de la CNS La Paz, Ariel Cáceres, aseguró que si no se atiende la demanda, su sector radicalizará las medidas de presión que mantienen a la fecha.

“Nuestra posición es concreta: nosotros salimos a las calles contra este artículo y cualquier determinación contraria a esto será una traición. Si no tenemos una respuesta favorable, el lunes tendremos un ampliado para radicalizar las medidas de presión y declarar traidores a los que acepten la propuesta del Gobierno sin que se contemple el tema de la Caja”, manifestó.

Cáceres además exigió que el Estado pague la deuda que tiene con la entidad y luego denunció que sería uno de los pretextos para cerrarla. “No quieren honrar su deuda porque el Estado es el que más debe”.

Al respecto, la solicitada indica que la deuda al 31 de diciembre del 2010 es de más de 633 millones de bolivianos, pero que es una herencia de otras gestiones y que se cumplirá con el pago.