La Habana. Los hechos de corrupción de empresarios extranjeros y funcionarios "no tienen cabida" en Cuba, según una nota oficial publicada hoy en la isla donde se informa de las sanciones impuestas en el juicio contra el canadiense Cy Tokmakjian, condenado a 15 años de cárcel.

"Hechos como estos en los que se involucraron exfuncionarios cubanos y empresarios foráneos que, a través de dádivas y prebendas, crearon mecanismos de sobornos y compromisos con el propósito de obtener beneficios patrimoniales ilegítimos, no tienen cabida en la sociedad cubana", indicó una nota oficial divulgada en el diario Granma.

El texto subraya que la isla está "empeñada en perfeccionar su modelo socioeconómico en correspondencia con los intereses del pueblo y los compromisos internacionales" asumidos por el país "en el enfrentamiento decidido y certero a la corrupción y sus nefastos efectos".

Con este pronunciamiento, Cuba acompañó hoy la publicación de las sanciones resultantes del juicio que en junio pasado procesó en un tribunal de La Habana a Tokmakjian, de 74 años, y a otros dos empresarios canadienses y 13 directivos cubanos.

Las sentencias, con penas de hasta 20 años de prisión y 15 en el caso específico de Tokmakjian, trascendieron en los últimos días en Canadá, pero sólo hoy fueron confirmadas por La Habana.

La acusación incluyó delitos como cohecho y falsificación de documentos bancarios y de comercio, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa, evasión fiscal, y actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, en los sectores de la agroindustria azucarera, minería y turismo.

En cuanto a Tokmakjian, representante y director de la empresa de transporte Tokmakjian Group y quien fue detenido en Cuba en septiembre de 2011, la nota expresa que "deberá resarcir" a la isla "con sus bienes, derechos y acciones y de manera subsidiaria con el patrimonio" de sus compañías.

La semana pasada Tokmakjian Group indicó que las autoridades cubanas le pidieron a la empresa 55 millones de dólares por su liberación, además de confiscar "todos sus activos".

Los también empresarios canadienses Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere fueron condenados a 8 y 12 años de cárcel, respectivamente, pero la familia y la empresa de Tokmakjian han insistido en que todos son inocentes.

En cuanto a los sancionados cubanos, el exviceministro del ya desaparecido Ministerio del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada, recibió la pena más alta de todo el proceso con 20 años de cárcel.

Los funcionarios Alberto Cirilo Pantón y Ernesto Gómez tuvieron condenas de 12 años de prisión; Antonio Gilí González recibió 11 años, mientras que Jorge Luis Machado, Armando Enrique Martínes y Boris Ernesto Barber, fueron sancionados a 10.

La nota, que no precisa los cargos de estos funcionarios, añade que Leonardo Fidel Delgado, Manuel Heriberto Fernández y Edmundo Javier Cabrera deberán cumplir 9 años de cárcel.

Por su parte, Jorge Luis Melo, Fidel Penín Oliva y José René Rubio fueron sancionados a 8 años, en tanto Elsa Fernández, la única mujer del grupo, fue condenada a 6 años.

Cuba señaló hoy que durante la investigación y el juicio "los acusados y terceros civilmente responsables contaron con las garantías establecidas en la legislación procesal penal, ejercieron su derecho a la defensa y fueron representados por los abogados de su elección".

Además, apuntó que añade que "tendrán el derecho de establecer recurso de casación" ante la sala penal del Tribunal Supremo.

Este caso se suma a otros procesos que en los últimos años han sentado en el banquillo a otros empresarios extranjeros y funcionarios locales por delitos económicos, como parte de la política de lucha contra la corrupción emprendida por el presidente cubano, Raúl Castro.