Tegucigalpa, Honduras. El Gabinete Económico analiza una serie de medidas de corto y mediano plazo para estabilizar las finanzas públicas del gobierno central.

Después de aprobar una reducción del 11% de los salarios para aquellos funcionarios que devenguen arriba de 50.000 lempiras mensuales, la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa estudia congelar los aumentos salariales durante 2013 para todos los servidores públicos.

Así lo informó una fuente oficial, quien agregó que otra de las opciones puede ser trabajar en base al presupuesto aprobado para 2012, seguido de una depuración de la nómina de empleados para cancelar la duplicidad de plazas y destinar esos recursos al incremento.

Esta última medida fue aplicada en el período 2010-2011, cuando el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a establecer un techo de 32.235 millones de lempiras para la partida de sueldos y salarios, lo que fue cumplido al pie de la letra.

La administración Lobo Sosa ha contemplado un monto de 38.570 millones de lempiras (US$179,7 millones) para atender la masa salarial durante 2013, representando un incremento de 3,588 millones respecto a 2012 (34.982 millones de lempiras).

Diversos sectores de la sociedad han planteado al gobierno la necesidad de contener el gasto en sueldos y salarios debido a la escasez de recursos derivado de un menor crecimiento en las recaudaciones tributarias.

En los últimos meses, la administración central ha tenido problemas para cancelar la planilla salarial y el ejemplo más reciente es que muchas dependencias públicas pagaron el mes de agosto el pasado viernes por la escasez de recursos en la caja.

De acuerdo a proyecciones oficiales y tomando como base las estadísticas de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por cada lempira recaudado en concepto de impuestos, la burocracia absorbe 63 centavos, superior a la media de 40 centavos en Latinoamérica.

Para 2013, el gobierno estima que las recaudaciones sumarán 63.029,1 millones de lempiras, las que seguramente serán revisadas a la baja por la desaceleración esperada para este ejercicio fiscal, ya que este año los ingresos rondarán entre 53.000 y 54.000 millones de lempiras, menor a los 55.046 millones aprobados en el presupuesto 2012.

Escenarios. La Secretaría de Finanzas ha elaborado una serie de documentos que develan la precariedad fiscal que atraviesa el gobierno.

Los estudios a los que ha tenido acceso este rotativo describen la realidad de la administración Lobo Sosa en el siguiente párrafo: “El gobierno enfrenta la mayor crisis financiera de la historia reciente de Honduras”.

Ante ese panorama, la Unidad de Planeamiento, Evaluación y Gestión (UPEG) de Sefin considera que el desafío para 2013 es alcanzar un nivel sostenible de la relación entre la masa salarial del gobierno central y el PIB para asegurar la calidad del gasto público y la disponibilidad de recursos fiscales para financiar la inversión.

Agregó que “se tiene que accionalizar el uso de los recursos disponibles, asignando los fondos escasos hacia los fines con una mayor rentabilidad social y económica”.

Ante ese panorama, la Secretaría de Finanzas ha definido una política de empleo y salarios. Un aspecto importante de la propuesta es que “la política salarial será congruente con la captación de ingresos, bajo una programación que evite los déficits financiero y presupuestario”.

Añadió que los incrementos salariales de todos los servidores públicos se otorgarán si las condiciones económicas lo permiten y de acuerdo al nivel de inflación promedio esperado, que se espera oscile entre 6% y 7%.

También se contemplan acciones como declarar nulo e inválidos legalmente todos aquellos actos administrativos, en la contratación de personal y remuneración salarial que hagan las instituciones del sector público sin contar con el respaldo presupuestario.

Todas esas acciones serán discutidas con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que arribará al país el 3 de septiembre próximo.

No obstante, las fuentes consultadas sostienen que la aprobación de esas medidas dependerán de otros factores como la realización de las elecciones generales y no solo de la situación fiscal del gobierno.

Política salarial. Este es uno de los temas que ha venido siendo abordado en los últimos 10 años, pero ninguno de los gobiernos ha tomado la decisión de aprobar una política general de salarios para homologar todas las disposiciones legales vigentes.

La administración Lobo Sosa había anunciado que a partir de 2012, los ajustes salariales se realizarían en base a la inflación, no obstante, muchas dependencias aprobaron incrementos selectivos.

Además, se comprometió con el FMI a revisar la legislación vigente que regula los procesos de reclutamiento y contratación de personal con el propósito de elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Servicio Civil, la que aún está pendiente de su elaboración para enviarla al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.