El BCIE advirtió que el gobierno de Honduras deberá aprobar en el transcurso del año la segunda reforma tributaria para reducir la brecha entre ingresos y gastos corrientes.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) ha proyectado que el déficit fiscal de la administración central será de -3.4% del PIB durante 2011, menor al -4.7% del año anterior.

Ante ese anuncio, los funcionarios responsables de la política fiscal, William Chong Wong, secretario de Finanzas, y José Oswaldo Guillén, ministro director de Ingresos, coinciden en que la reforma tributaria en la que trabaja el gobierno estará enfocada en la dotación de más herramientas para el combate de la evasión pero no en la aprobación de nuevas cargas tributarias.

Agregan que la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 17-2010) generará los recursos necesarios para cumplir con la meta de recaudación para este año, la que es de 50,299.6 millones de lempiras. En 2010, los ingresos tributarios sumaron 43,856.1 millones de lempiras.

En relación a la meta fijada para 2001, el incremento nominal sería de 6,443.5 millones de lempiras y 14.7 puntos en términos porcentuales. Chong Wong subraya que el impacto del Decreto 17-2010 oscilará entre 6,500 y 7,000 milllones de lempiras, ya que el contenido total de la citada ley entrará en vigencia en el presente año.

Vienen reformas. Una de las reformas fiscales que el gobierno tiene pendiente de aprobación es la ley de actualización del sistema tributario, aduanero y medidas antievasión, la que fue presentada el 13 de septiembre de 2010 ante el Congreso Nacional y retirada posteriormente por las denuncias que ésta contenía nuevas cargas tributarias y era confiscatoria.

William Chong Wong dijo a El Heraldo que técnicos de la Secretaría de Finanzas y de la DEI trabajan en la elaboración de la mencionada ley, contando con el apoyo de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre ellos Alberto Barreix y Fernando Velayos.

Agregó que el trabajo que realizan es una revisión de varias leyes tributarias para fortalecer la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la lucha contra la evasión, la que a su criterio deja pérdidas al fisco por un monto cercano a 10,000 millones de lempiras anuales.