Madrid. El Gobierno español aprobó este viernes por decreto una reforma de los mecanismos de negociación colectiva, considerada clave por los mercados para que el país gane en competitividad y recupere la confianza de los inversores.

La reforma impondrá el arbitraje obligatorio a sindicatos y a empresas en la renovación de convenios, siempre que no alcancen un acuerdo en un plazo máximo de 8 a 14 meses.

Inicialmente, el Gobierno había planteado un plazo de 12-18 meses, pero decidió hacer un cambió de último momento, acercándose a la postura de los empresarios.

"Se concede un plazo máximo para esa revisión (de convenio) de 8 meses cuando se trata de convenios que duran hasta dos años, y un plazo de 14 meses cuando se trata de convenios que duran más de dos años", dijo el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

En una reforma muy demandada por organismos internacionales y los mercados, otras de las principales modificaciones serán darle prioridad al convenio de empresa frente a los de ámbito sectorial o territorial y la introducción de mecanismos obligatorios para desbloquear desacuerdos, en un intento de agilizar y simplificar las relaciones laborales en el país.

El Gobierno dejó el jueves la puerta abierta para que se introduzcan cambios en flexibilidad interna -el apartado que más controversia genera- durante su tramitación parlamentaria, si los sindicatos y las empresas reanudan el diálogo y llegan a un pacto en ese ámbito.

En este sentido, la modificación más importante que establece la reforma es la posibilidad de que el empresario redistribuya a discreción un 5 por ciento de la jornada laboral anual de los trabajadores, si las necesidades de la empresa así lo requieren.

El Gobierno, que se ha visto obligado a legislar unilateralmente tras el fracaso del diálogo social tras más de un año de negociaciones, lleva a cabo esta reforma con el objetivo de dinamizar el mercado laboral en un momento en que la tasa de desempleo ha superado el 21 por ciento.

La mayoría de los análisis de organismos internacionales consideran que la rigidez y la complejidad de los mecanismos de negociación colectiva en España son uno de los principales lastres de su mercado laboral.