Madrid. El gobierno respondió el lunes a las presiones de los mercados financieros con el anuncio de recortes en educación y sanidad que supondrán una rebaja adicional del déficit público de 10.000 millones de euros, además de privatizaciones y otras reformas sin concretar.

Tras comentarios de diversos miembros del gobierno en los últimos días, especialmente el ministro de Economía, en el sentido de que era necesario realizar ajustes en dichos servicios públicos, el gobierno realizó un anuncio oficial esbozando nuevas medidas y reiterando el compromiso español de cumplir con los objetivos fijados por Bruselas.

"(...) con el fin de definir el Programa Nacional de Reformas y determinar las reformas encaminadas a lograr una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha en este mes, el presidente del gobierno se ha reunido también con la ministra de Sanidad y el ministro de Educación", indicó una nota de prensa del Gobierno.

"El ahorro previsto superará los 10.000 millones de euros", dice la nota, que indica que el presidente del Gobierno , Mariano Rajoy, también se reunió el lunes con la vicepresidenta, los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, y el director de la Oficina Económica.

En esta reunión, añadió el gobierno, se han abordado los contenidos del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas de España para 2012, que se presentarán a la Comisión Europea en este mes de abril.

El Ejecutivo ya había anunciado recortes por unos 27.000 millones de euros en la administración central, una reforma laboral que le ha costado una huelga general y una reestructuración financiera que trata de sanear el enladrillado sistema bancario español, entre otras medidas.

"En el Programa de Estabilidad se establecerá el firme compromiso de reducir el déficit público al 3 por 100 del PIB en 2013", dijo el comunicado del ministerio de Presidencia.

"En el mismo se introduce un cuadro macroeconómico que refleja que la mayor estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales dirigidas al crecimiento supondrán un cambio en la tendencia recesiva y de destrucción de empleo que ahora experimenta la economía española".

El Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran entre algunos de los organismos internacionales que han aprovechado el ataque a España en el contexto de la crisis de la eurozona para pedir más reformas al gobierno de Mariano Rajoy.

El Ejecutivo ya había anunciado recortes por unos 27.000 millones de euros en la administración central, una reforma laboral que le ha costado una huelga general y una reestructuración financiera que trata de sanear el enladrillado sistema bancario español, entre otras medidas.