El peso específico del rosario de reformas ha sido insuficiente para financiar el creciente gasto público, las millonarias cuentas por pagar y el déficit de las “quebradas” empresas públicas.

Entre marzo de 2010 a la fecha, el gobierno y el Congreso Nacional aprobaron alrededor de 27 medidas económicas y tienen en cartera dos paquetes fiscales más para ser discutidos próximamente. Para el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Mauricio Díaz, este es un reflejo de la crisis fiscal en Honduras.

Las autoridades hacendarias apelaron de manera recurrente a este recurso. Pero tal récord de inestabilidad tributaria y de incertidumbre para el universo de agentes económicos ha sido superado con creces en los primeros años del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010–2012), pues lleva 27 reformas fiscales.

¿Aún hay más? Para el subcoordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Raf Flores, es muy probable que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) postergó su visita a Honduras para finales del presente mes porque el Congreso Nacional aún no aprobó una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

¿Por qué razón? El gobierno aplicó esta serie de medidas, pero aún está distante de lograr las metas de recaudación tributaria que superan los 52.000 millones de lempiras (US$2.679,8 millones) para este año.

Según Ralph, está pendiente de explicarle al FMI cómo se le hará frente al tema del gasto fuera de imputación presupuestaria que en este año asciende, hasta donde existe conocimiento, a unos 7.000 millones de lempiras.

El mismo presidente Porfirio Lobo ha solicitado de manera pública la pronta aprobación legislativa de un 1% de Impuesto Sobre la Renta en contra de las personas naturales y jurídicas que reportan pérdidas de manera periódica.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), de manera previa ha enviado una nota al presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, para comunicarle que el nuevo tributo es inconstitucional y tiene características de confiscatorio del capital de las empresas.

La estrategia de los empresarios, por lo tanto, sería que una vez aprobada esta medida, recurrirían a invalidar la aplicación de la normativa vía presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Ya la Corte falló como inconstitucional la reforma al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mediante la cual se pretendía captar 1.600 millones de lempiras en un año.

El impacto. Para el subcoordinador del Fosdeh, sin embargo, el presente año se cerraría con unos 12.000 millones de lempiras de déficit equivalente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en casi los 360.000 millones de lempiras.

Además pesan en las finanzas públicas los más de 14.000 millones de lempiras de gasto flotante.

Solo cambió redacción  a reforma al ISR: Alvarado. El ex ministro de Finanzas, Arturo Alvarado, expresó que pese a variar la redacción a una reforma al Impuesto Sobre la Renta, se mantiene el interés de cobrar un tributo a las empresas que reportan pérdidas.   

“Una empresa que tiene pérdidas no puede pagar el ISR, porque se desvirtúa totalmente el concepto de este tributo que universalmente lo que grava son las utilidades de las empresas”, indicó.

Debe entenderse, continuó, que si una empresa no tiene utilidades, pero se le impone tributos, entonces lo que se convierte es un impuesto al patrimonio a la empresa.

La posición del sector privado, continuó, es que se les apliquen auditorías a las empresas que por años reportan pérdidas y no pagan impuestos. “Sí se les comprueba que han evadido al fisco, pues que se les aplique la ley, como es debido”, detalló.