Santiago. El gobierno de Chile debe ser "flexible" en realizar ajustes a la reforma tributaria y así recuperar la confianza del sector privado para facilitar la inversión, afirmó el ministro y vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, citado hoy por la prensa local.

El funcionario recordó en entrevista para el diario "La Tercera" difundida la víspera, que esta semana el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés Pulido fue categórico al decir que "la reforma tributaria fue aprobada por la amplia mayoría del Congreso".

El titular de Hacienda dijo que "hay una serie de circulares que dictar. Estamos en ese proceso y, por lo tanto, me parece que no es el tiempo de pensar en lo que propone el presidente del Senado".

Díaz dio una respuesta a las recientes declaraciones hechas por el titular del Senado, Patricio Walker, quien aseguró que "hay que estar disponibles para una ley adecuatoria de la reforma tributaria".

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile, al que pertenece Walker, insistió en que deben realizarse cambios a la reforma tributaria.

Precisó que "lo que vamos a hacer, y ese es el compromiso del gobierno, es asegurar una impecable ejecución de la reforma tributaria".

La iniciativa de ley busca recaudar 8.300 millones de dólares adicionales al año, los cuales se destinarán a financiar la reforma educativa, la cual plantea a su vez establecer gradualmente la gratuidad en el sistema de enseñanza chileno.

A su vez, el también senador del PDC, Andrés Zaldívar, quien fue uno de los protagonistas del acuerdo transversal que destrabó la reforma tributaria en julio del 2014, sostuvo que se está en un proceso de ajustes.

Por su parte, el senador oficialista Ricardo Lagos Weber, señaló que se llegó a un acuerdo "precisamente para darle confianza a los empresarios", ya que el proyecto original del gobierno "sufrió severas modificaciones en la tramitación del Senado".

La ley fiscal vigente elevó de 20 a 27 por ciento los impuestos a las empresas.

La norma eliminó también el Fondo de Utilidades Transables (FUT) que posibilitaba a los empresarios declarar sólo una parte de sus ganancias, mecanismo que permitió evadir el pago de impuestos.