Montevideo. En una presentación que incluyó a la totalidad del equipo económico, encabezado por el ministro del ramo, Fernando Lorenzo, el gobierno uruguayo definió los lineamientos generales que determinarán las asignaciones presupuestales para el período de gobierno, que incluirán conceptos de “trazabilidad” de los recursos asignados en base a cumplimiento de programas y resultados.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, dijo que se garantizará la continuidad de políticas y de programas implementados por el primer gobierno de Frente Amplio, pero que a través de la Ley de Presupuesto se identificarán “áreas programáticas” que serán prioridad para la actual administración.

En ese sentido, señaló que el espacio fiscal definido para el período –estimado en US$920 millones- irá dirigido a profundizar los “procesos de cambio”, pero los nuevos recursos que se asignen a través de las Rendiciones de Cuentas estarán atados a los resultados obtenidos durante la gestión.

Además, Frugoni destacó que el mantenimiento de la asignación de 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación determinará un incremento de los recursos para esa área de US$1.100 millones en el período de gobierno, atendiendo el crecimiento de la actividad proyectado.

“El concepto es el de un presupuesto más eficiente y más eficaz, con menos recursos se puede lograr lo mismo”, destacó el director de la OPP.

Respecto a los problemas comerciales existentes con Argentina, producto de trabas al ingreso de alimentos a ese país, Lorenzo señaló que en el “amplio abanico” de relaciones con el país vecino el intercambio de bienes es el “menos cuantitativo”, pero de especial importancia para algunos sectores.

El gobierno procurará “asegurar el acceso fluido y evitar que cualquier traba interfiera en algo que el gobierno uruguayo vigila y atiende”, como es el comercio bilateral, señaló.

Infraestructura. Por su parte, el subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, hizo hincapié en la necesidad de aumentar “sustancialmente” la inversión en infraestructura, que ha sido “históricamente pobre”.

En ese sentido, señaló que se modificará la reglamentación de la ley de promoción de inversiones para aportar mayor puntuación para el acceso de beneficios fiscales a los proyectos que incluyan una mayor masa salarial, en lugar de aquellos que generan más empleo. Esta medida se fundamenta en el entendido que los objetivos de empleo ya fueron alcanzados en el período anterior, con una tasa de desocupación que se sitúa hoy en día en niveles prácticamente estructurales.

Además, la modificación premiará los proyectos exportadores con generación de valor agregado, desarrollo de tecnología e innovación, al tiempo que se definirán activos “elegibles” como el caso de la generación de biotecnologías, en particular en áreas competitivas como la agropecuaria.

En el marco de la ley de asociación público-privada que diseña el gobierno para canalizar inversión en proyectos de infraestructura, se definirá un contexto que aportará seguridad jurídica reduciendo los riesgos, al tiempo que se incorporarán experiencias de mejores prácticas en procesos de asociación para competir con otros países por la inversión extranjera que se radica en la región.

También sostuvo que se fijará una normativa marco para negociar con los grandes proyectos de inversión, en la que se exigirán contrapartes ya sea en el desarrollo de infraestructura, empleo o impacto social.

Salarios. A nivel de negociación salarial, el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, destacó que se utilizará el incremento del ingreso de los hogares como “polea de transmisión” del crecimiento económico.

Masoller destacó que 70% del ingreso de los hogares uruguayos corresponde al salario y sólo 8% a transferencias del tipo definido en las políticas sociales, por lo que las políticas de ingresos estarán definidas mayormente a través de las pautas que se negocien en los consejos de salarios.

Masoller sostuvo que el aumento del Salario Mínimo Nacional será una herramienta para incrementar los ingresos de los hogares más pobres, al tiempo que se definirán ajustes diferenciales para los sectores de actividad más deprimidos.

El Poder Ejecutivo propiciará acuerdos de largo plazo, y con mayor flexibilidad en las negociaciones de los Consejos de Salarios, en un esquema que contemple “las especificidades de cada sector”.

A su turno, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, destacó la importancia de la estabilidad macroeconómica como elemento para el desarrollo económico y social, que se alcanzó gracias a “políticas sólidas”.

Bergara sostuvo que no se puede caer en la “falacia” de oponer políticas macroeconómicas y financieras estables con desarrollo social, ya que “no conocemos experiencias de desarrollo económico y social en contextos de desórdenes macroeconómicos y financieros”.

El titular del Central dijo que la estabilidad de precios “no es suficiente” para garantizar estabilidad monetario-financiera, pero sostuvo que la inflación “no se encuentra fuera de control” pese a encontrarse fuera del rango meta fijado por la autoridad monetaria.