Montevideo. El presidente José Mujica enderezó el barco luego que pusiera en duda la concreción del millonario proyecto minero de Aratirí, cuando el 19 de junio dijo que la gente debía decidir a través de una consulta popular si quería esta inversión.

Esta semana el mandatario aseguró que tiene una decisión tomada a favor de la minera, y que en todo caso consultaría a la ciudadanía para que decida qué hacer con los recursos que obtendrá el Estado por concepto del canon.

“Yo tengo posición, que no se diga que en el gobierno no hay decisión. Desde el primer momento decidimos que esto puede ser positivo para el país”, dijo Mujica este martes.

Es más, consultado por El Observador este jueves, Mujica dijo que no descarta la posibilidad de asociar el Estado con Aratirí para participar directamente de las ganancias de la explotación de hierro, que por millones de toneladas será extraído del subsuelo uruguayo. “El Estado es pobre”, remató el presidente.

Mujica advirtió que la autorización final a la minera la adoptará la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Su director, Jorge Rucks, aseguró que exigirá las máximas garantías ambientales al inversor y que la decisión final se conocerá recién a fines del año 2012.
“Los estudios van a llevar aproximadamente 18 meses”, dijo Rucks el miércoles en radio Sarandí.

La minera presentará antes de fin de año las solicitudes de explotación de hierro en la zona de Valentines, departamento de Florida, según adelantó a El Observador la gerente de comunidades y permisos mineros de Aratirí, Helga Chulepín.
Alivio

El cambio de pisada presidencial devolvió tranquilidad a los inversores del grupo indio Zamin Ferrous. La noticia de que el gobierno evalúa la posibilidad de participar del negocio minero asociándose con Aratirí fue muy bien recibida por sus representantes en Uruguay.

El gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, dijo que la compañía está “abierta a una discusión de ese tipo”. “Cualquier empresa privada en Uruguay, cuando le ofrecen que el Estado sea un socio minoritario, por ejemplo, dice que sí porque es un buen socio el Estado. Da muchas garantías”, señaló Puntigliano.