Con el impulso en la construcción de casas y apartamentos nuevos por parte de privados en el último año, al amparo de los beneficios fiscales que otorga la ley de promoción de la “vivienda social”, el gobierno prepara el lanzamiento de planes de alto impacto con el objetivo de flexibilizar el acceso de la clase media. Esa población, que a menudo encuentra dificultades para poder pagar una cuota hipotecaria, pero que tiene capacidad de ahorro, veía pocas chances de tener un techo propio. Pero ahora, el boom de construcción en zonas alejadas de la costa, que comprende 4.460 viviendas en 149 proyectos diferentes, aumentó de manera sensible la oferta y permite al gobierno dar prioridad a un sector de la población que antes la miraba de afuera.

Desde mayo, todas las familias que tengan ingresos entre $22.500 (unos US$1.175) y $48.000 (unos US$ 2.506) por mes podrán participar de llamados públicos para acceder a viviendas construidas por privados en el marco de la ley de promoción (18.795). Accederán por medio de un crédito del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), para el que deberán tener 10% del valor del inmueble como ahorro previo. El restante 90% se financia con el aporte del fondo de garantía creado por la misma ley de promoción de vivienda social. Hasta ahora, los créditos hipotecarios financian 70% del valor del inmueble, aunque hay casos en los que prestan 80%.

Para las familias que tengan dificultades, además, el gobierno ofrecerá un subsidio de hasta 50% de la cuota mensual.

El miércoles de la semana pasada, el Ministerio de Vivienda (Mvotma) reunió a operadores privados para comunicar el plan que los involucra. Ofreció allí que un porcentaje de las viviendas construidas con beneficios fiscales de la ley, puedan ser gestionadas por la secretaría de Estado, en llamados públicos que realizará la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Según dijo a El Observador el ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, antes de iniciar ese proceso se definirán los precios para las viviendas construidas bajo las condiciones de la ley. “Con esos llamados queremos contribuir a que parte de la población que hoy no llega por el precio de la cuota pueda acceder a esas unidades”, explicó el secretario de Estado.

Ese plan, en el que serán seleccionados los compradores por parte del gobierno, se iniciará en mayo, pero otro que abarca a todas las familias que quieran adquirir un inmueble será anunciado el 19 de marzo y tendrá vigencia desde abril. Consiste en utilizar el fondo de garantías creado por la ley de promoción, para que el ahorro previo de los compradores no tenga que ser de 30% o 20%, y pase a ser de 10%. Por lo tanto, las entidades financieras, tanto el BHU como otras privadas que accedan, podrán prestar 90% del valor de la vivienda.

“Nosotros entendemos que una de las principales dificultades para que la gente pueda acceder a la vivienda es la necesidad de ahorro previo. Hoy, muchas veces los alquileres son más caros que las cuotas del crédito hipotecario”, dijo a El Observador el asesor económico del ministro Beltrame, Leonardo Falkin.

El crecimiento de la oferta de viviendas nuevas permite al gobierno, además, quitar el requisito previo de tener menores o personas discapacitadas a cargo para el acceso a la mayoría de los planes.

Bajo la ley de promoción se presentaron proyectos por US$500 millones, y las que ya fueron aprobadas suman US$404 millones. Los compradores de esas viviendas están exoneradas del pago del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) de 2% del valor del catastro, lo que beneficia tanto al comprador final como al inversor. El privado que desarrolla el proyecto también está exonerado del IVA. La empresa constructora tampoco paga IVA en los materiales, y también excluye del pago del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto a la Renta por 10 años.

“Las inversiones de los privados fueron generalmente de viviendas suntuarias. En Montevideo se concentraban en la franja costera. Entonces, con los beneficios fiscales que se otorgaron, se generó que la inversión privada en vivienda se concentrara en otras partes de la ciudad, en zonas intermedias, y en viviendas económicas o medias, por lo tanto orientada hacia la población objetiva de ingresos medios o medios bajos”, explicó Falkin.

El gobierno entiende positivo también el impacto colateral que tendrá la construcción de viviendas nuevas por parte de privados en las zonas alejadas de la costa de Montevideo. Del total de proyectos presentados a la Agencia de Vivienda, 72% son en la capital.