El informe, publicado el viernes recién pasado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), aseguró que en ese lapso, el fisco dejó de recibir Q596,1 millones (US$74,7M) en concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR); Q270,4 millones (US$33,8M) del Impuesto de Solidaridad y Q122,8 millones (US$15,2M) del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El MSICG indicó en el documento que los datos son de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El informe se centra en explorar los beneficios otorgados a las maquilas de exportación especialmente a la maquila textil, de confección y accesorios a la luz del Decreto 29-89, en el cual se amparan más del 90% de las empresas de ese sector y sus exportaciones.

Lesbia Amézquita, directora del Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala (Inesicg), y quien presentó el estudio, dijo que de 1990 al 1 de septiembre del 2011 se han amparado bajo esta ley mil 948 empresas de exportación, pero en la actualidad están vigentes 811; 278 son la maquila de textiles, de confección y accesorios.

Abusos. Una de las principales desventajas de los incentivos fiscales y especialmente de las moratorias contenidas en el Decreto 29-89 es el abuso de las mismas. “En la exoneración del pago del ISR hasta por un máximo de 10 años, en el informe se documenta cómo esta moratoria se prorroga indefinidamente para el caso de las maquilas al transformar, mediante la simulación de un nuevo contrato de sociedad, la inversión ya efectuada como si fuera una nueva”, refirió Amézquita.

Rolando Figueroa, asesor jurídico de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, señaló que el cierre de empresas no se hace con el ánimo de seguir gozando los beneficios fiscales, sino para tener capacidad de seguir invirtiendo. “Si la autoridad regulatoria autoriza esas operaciones, es porque —las empresas— han calificado”, sostuvo.

Figueroa agregó que los beneficios que reciben las empresas forman parte de los esfuerzos del país por competir por las inversiones a escala mundial, lo cual se compensa con la generación de empleos formales.

Según el estudio, también se benefician de esta ley empresas de minería, alimentos, farmacéuticos, plásticos y construcción, entre otros.