Juan Carlos Paredes, presidente del Colegio de Contadores y Auditores, dijo que existen inconsistencias en áreas como la retención de impuestos, facturas especiales y costos deducibles para empresarios y servicios profesionales, entre otros.

El Ejecutivo de Guatemala encontró otro revés en la aplicación de las reformas fiscales. El Colegio de Contadores y Auditores del país emitió 18 sugerencias para enmendar dos decretos de reforma fiscal.

Juan Carlos Paredes, presidente de la organización gremial, dijo que existen inconsistencias en áreas como la retención de impuestos, facturas especiales y costos deducibles para empresarios y servicios profesionales, entre otros.

Asimismo, el ente pidió al gobierno mejorar el control del gasto público, implantar medidas de austeridad o la contratación de deuda ante los problemas fiscales.

Las observaciones a la Ley Antievasión II y la Ley de Actualización Tributaria se harán llegar este miércoles al Congreso para que corrija de emergencia las incongruencias e inconstitucionalidades. También las compartirán con el Ejecutivo y con la mesa de diálogo entre gobierno y empresarios.

Entre las incongruencias encontradas, el régimen opcional simplificado establece que en 2013 el impuesto será de 5%, pero la retención será del 7%.

Los decretos también dejan en la incertidumbre ciertos aspectos. Por ejemplo, con la redacción actual, los contribuyentes podrían descontar sus viáticos por viajes a Centroamérica solo cuando viajen por avión o autobús, no así en vehículo propio.

Por otro lado, a los contribuyentes por servicios profesionales se les presumirá una renta de 30,000 quetzales (unos US$3.846,15) cuando estos no reporten ingresos. Esto daría pie a que los profesionales no tengan obligación de entregar pruebas de sus ingresos o tasar a los que hayan carecido de ellos.

Por su lado, el auditor Marco Livio Díaz dijo que obligar a los grandes y medianos contribuyentes a pasar a un régimen de retención en lugar de permitirles la recaudación directa de impuestos, haría más engorroso el proceso.

Los 300 grandes contribuyentes y los 1,700 medianos representan el 70% de la recaudación.

La asociación también recomendó la creación de una unidad en la Procuraduría de Derechos Humanos que se encargue de defender al contribuyente y evitar así el acoso tributario.

Para suplir las necesidades fiscales el Congreso tiene en sus manos la aprobación de otros proyectos: la ley de transparencia, así como modificaciones a la Ley de la Contraloría General, Ley de Compras, Ley de Probidad, Ley Orgánica del Presupuesto y los fideicomisos públicos, sugiere el Colegio de Contadores y Auditores.