Asunción. El Ministerio de Hacienda está autorizado legalmente para emitir bonos durante el 2017, pero no estaría autorizado a gastarlos porque no tiene plan de gasto, manifestó ayer el extitular de la aludida cartera de Estado Manuel Ferreira Brusquetti. La cuestión se da en contexto de un grave conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Senado.

Durante el programa radial “Economía y más”, emitido por ABC Cardinal, el economista recordó ayer que el Parlamento envió el año pasado al Poder Ejecutivo un presupuesto 2017 y que este lo vetó. Luego, la Cámara de Diputados aceptó dicho veto, con lo cual, según la Constitución nacional y la Ley de Administración Financiera del Estado, continúa vigente el presupuesto de gastos de 2016. Eso, acotó Ferreira, otorga a Hacienda la autorización para emitir bonos soberanos, pero no le dice en qué los puede aplicar.

Añadió que, posiblemente, los montos que maneja Hacienda para el repago de la deuda no sean los mismos este año. “Por ejemplo, en el 2016 el monto de los vencimientos de la deuda fueron US$ 336 millones, pero en el 2017 supongamos que sean US$ 347 millones, con lo cual le faltarían US$ 9 millones. Todas estas cosas se generaron con este conflicto con el Congreso ”, afirmó el profesional.

Ferreira cree que el Parlamento no ha tenido la “posición correcta” sobre este tema, pues el Poder Ejecutivo sí tiene la autorización para emitir. “Lo que yo no tengo claro es si tiene la autorización legal para gastar”, insistió.

Sobre el punto, agregó que Hacienda emitió bonos en el 2016 por US$ 656 millones y entonces tiene autorización para emitir igual monto en 2017, para cuyo ejercicio se había presupuestado –antes del veto– unos US$ 558 millones. Esa diferencia de casi US$ 100 millones en principio no sería emitida.

“Pero hay que escarbar un poco para ver si el monto que tiene autorizado para pagar deudas (igual que en 2016), cuán diferente es respecto al del 2017. Si hay alguna diferencia, el ministerio va a tener que recurrir a otra fuente”, afirmó. Poder pagar las deudas contraídas sería relativamente fácil, acotó, pero no así los pagos de proyectos de inversión, para los cuales se necesitaría recurrir al Parlamento.