Tras la reforma del "paquetazo" de seguridad, varios sectores quedaron conformes, incluso los empresarios, quienes se disponen ahora a socializar el reglamento para la aplicación de los cobros.

El Congreso Nacional, de común acuerdo con el Ejecutivo y el sector empresarial, aprobó que las contribuciones contenidas en dicha ley serán aplicadas a partir de enero de 2012.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) será el ente encargado de elaborar un reglamento, el que establecerá el mecanismo para la recaudación de la tasa de seguridad.

En tal sentido, hay un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación del reglamento a las instituciones financieras para que puedan adecuar sus sistemas informáticos para realizar el cobro o retención en el caso de las operaciones de retiro, préstamos y tarjetas de crédito.

Según la ley, las contribuciones que provengan por transacciones financieras serán registradas como otros tributos administrados por la DEI.

La recaudación de los mismos por conducto del sistema financiero nacional no causa el pago de comisiones. Para fines contables, todas las contribuciones especiales ingresarán a un fideicomiso que será administrado por una comisión en donde estarán representadas la Secretaría de Finanzas, el sector privado y la sociedad civil. Este fideicomiso atenderá programas de seguridad a la población y de prevención social.

Oposición satisfecha. Salvo la mayoría de diputados de la bancada liberal que se abstuvieron de votar a favor de la Ley de Seguridad Poblacional, el resto de congresistas de otros partidos manifestaron su complacencia con las reformas.

"Hace unos meses estuvimos en desacuerdo con esta ley, principalmente porque afectaba el ahorro. No sabíamos cuál iba a ser el impacto ni quién iba a pagar el impuesto, pero ahora todo queda claro", dijo German Leitzelar, diputado del Partido Innovación y Unidad.

"Un aspecto importante es que no afectará las cuentas de ahorro, cosa que es muy relevante para los jubilados y personas de la tercera edad", expuso Leitzelar.

Toribio Aguilera, quien también es diputado del Pinu, dijo que "nos alegra muchísimo que no se tocarán las remesas que mandan los hondureños que viven principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa. Tampoco se afectará a los microempresarios".

Acerca del gravamen a algunas transacciones en cuentas de cheque, Aguilera ilustró que "una persona que emita un cheque por 120 mil lempiras únicamente pagará 400 lempiras de impuesto. Estamos hablando que el impacto no es tan grande".

Indicó que el Pinu, como partido, desde hace dos meses viene estudiando la ley, se analizaron las cifras y se llegó a la conclusión de que es buena para combatir la delincuencia.

Afirmó que lo importante es que los fondos serán manejados en un fideicomiso supervisado por la empresa privada, los órganos contralores y de lucha contra la corrupción.

"Entonces, hemos quedado muy satisfechos con esta Ley de Seguridad", agregó.

Por su lado, el diputado democristiano Augusto Cruz Asensio manifestó que "ante los altos índices delictivos lo peor que podemos hacer es no hacer nada".

"Con esta ley se debe impulsar un plan nacional para enfrentar el tema de la violencia", opinó Cruz Asensio. Por último, el diputado de la UD Marvin Ponce confió que con esta ley "le devolveremos la tranquilidad al pueblo hondureño gracias a los recursos que se generen para apoyar a la Policía en su lucha contra la delincuencia y la criminalidad".