La Asociación Nacional de Industriales (Andi), confirmó que abogados del sector privado presentarán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Poblacional, decreto 105-2011.
Confrontación extrema. Los empresarios anuncian para esta semana la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en contra de una ley financiera y denuncias judiciales en contra de dos funcionarios.
En el marco de la reunión semanal de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), se confirmó que abogados del sector privado ahora presentarán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Poblacional, decreto 105-2011.
Informaron, además, que preparan para la próxima semana otro recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, decreto número 113-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 8 de julio de 2011.
La Andi y el Cohep interpusieron el viernes 29 de julio del presente año, dos recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), decreto 42-2011 del 12 de abril de 2011.
El presidente de la Andi, Adolfo Facussé, resumió que acuden a otro Poder del Estado, para frenar acciones inconstitucionales contenidas en un paquete de leyes aprobadas por el Congreso Nacional y diseñadas en el gobierno del presidente Porfirio Lobo.
Los empresarios dicen estar a favor de aportar 1,500 millones de lempiras para financiar la lucha en contra de la criminalidad, pero no avalan el procedimiento aprobado por el Congreso Nacional a través de la Ley de Seguridad Poblacional. Están en contra, también, en aportar para un fideicomiso social que será administrado por el presidente Porfirio Lobo. Los empresarios sostienen que es para proselitismo político.
Denuncias. El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, confirmó que este jueves se reúne con el fiscal general, Luis Rubí, para solicitar un requerimiento fiscal en contra del director ejecutivo de Ingresos (DEI), Oswaldo Guillén por abuso de autoridad.
El ejecutivo informó que ya levantaron actas notariales de que la DEI comenzó a cobrar un 1% de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera anticipada a las importaciones definitivas, según la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, pero sin contar con el respectivo reglamento.
Facussé, por su parte, confirmó que tomarán acciones judiciales en contra de Guillén porque la aplicación de esta normativa violenta, también, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA).
Además, se les cobra un impuesto de "manera ilegal" a las Empresas establecidas en el Régimen de Importación Temporal (RIT) cuando vende la maquinaria, que han utilizado por un plazo superior a los cinco años. "Están cambiándole las reglas del juego del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a las leyes del país", indicó Facussé.
El dirigente industrial, además informó que denunciarán al director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, porque propicia la invasión de tierras situadas en el Valle de Sula y propiedad de la Azucarera Hondureña diseminadas entre El Progreso y La Lima.
"Al estilo del señor Ham, invadirán los terrenos en producción de caña de azúcar para albergar a los revoltosos que él tiene. La invasión es similar a la que se efectuó en el Bajo Aguán", denunció.
"Existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le prohíbe continuar con las expropiaciones de tierra, pero él desacató ese mandato y continúa con este proceso", indicó.
La Andi, además lanzó ayer una campaña mediática en donde señala que el gobierno genera desorden, desconfianza, desempleo, derroche, anarquía y amenazas. Así como inseguridad e incertidumbre.
