Mejorar la gestión de recursos humanos y la capacidad administrativa de la DEI son elementos claves que la administración de Porfirio Lobo Sosa no ha podido cumplir al Fondo Monetario Internacional.

Además de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 17-2010), el Poder Ejecutivo se comprometió con el FMI a promulgar la Ley de Actualización del Sistema Tributario, Aduanero y Medidas Antievasión, la que fue enviada al Congreso Nacional el 13 de septiembre de 2010, pero que fue retirada después que EL HERALDO pusiera al descubierto que esta era un nuevo "paquetazo" fiscal que dejaría unos 3.000 millones en ingresos tributarios.

Una fuente que participa en las negociaciones dijo a este rotativo que la misión técnica del Fondo Monetario ha abordado la tardanza en aprobar las mencionadas medidas administrativas para fortalecer la DEI y en ese sentido recomendó acelerar las reformas pendientes para impulsar las recaudaciones tributarias.

Para afinar los detalles de la nueva reforma fiscal, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha brindado asistencia técnica a través de sus expertos Alberto Barreix y Fernando Velayos.

El ministro director de Ingresos, José Oswaldo Guillén, ha venido demandando la aprobación de las medidas administrativas para fortalecer el combate a la evasión fiscal, la que se presume genera pérdidas al fisco por alrededor de 10.000 millones de lempiras anuales.

Se espera que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional, en los próximos días, el citado anteproyecto de ley.