Tegucigalpa. Dentro de unos meses los empresarios hondureños comenzarán a pagar un nuevo ajuste al Impuesto sobre la Renta (ISR), cuando la Ley de Regulación de Precios de Transferencia sea aplicada en el país.

Según Horacio Dinicio, socio a cargo de la práctica de precios de transferencia en Deloitte Buenos Aires, la nueva ley es un “potencial ajuste al ISR”. La declaración del ISR será tomada como base por los inspectores del fisco, que harán “un ajuste con el informe de precios de transferencia”.

“Precios de transferencia se puede decir que es un conjunto de medidas que vienen a apoyar al fisco para la recuperación de impuestos”, indicó por su parte Rita Silva, socia a cargo de la Práctica de Impuestos y Legal de Deloitte Honduras.

La ley entró en vigencia el 10 de diciembre de 2011, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, y comenzará a entrar en aplicación en 2014 como marco de referencia, pero será hasta 2015 que se aplicará en la práctica.

Obligatoria. Las empresas nacionales están obligadas a aplicar las metodologías mundialmente aceptadas que determinan los márgenes de utilidad en operaciones realizadas entre compañías vinculadas extranjeras.

“Las empresas relacionadas o vinculadas en el extranjero, ya sea por una subsidiaria o algún tipo de participación en el capital deben demostrar a las autoridades hondureñas que las transacciones, compras y ventas que hacen con las empresas vinculadas, la hacen como si estuvieran realizando con un particular”, explicó César Novo, socio de Gestión de Riesgo Empresarial de Deloitte Honduras y República Dominicana.

Novo señala que el propósito es evitar que las empresas pongan menos costos que los reales y así evadir el fisco.

“El objetivo es evitar que empresas relacionadas manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios para aumentar sus costos o disminuir sus ingresos gravables”, explicó Silva.

En ese sentido, empleados de la DEI como contadores y empresarios ya comenzaron a conocer las implicaciones de esta nueva legislación.

Fuertes sanciones. La ley será aplicada a cualquier operación que realicen las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en Honduras, con personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas en el extranjero.

Para las empresas hondureñas que incumplan esta normativa, aprobada en 2011, se establecen sanciones que van desde US$5.000 a US$20.000, además de la sanciones legales que puedan enfrentar.

A nivel regional, los precios de transparencia son aplicado en Panamá y El Salvador, mientras que Guatemala está al mismo nivel de Honduras.