Mientras las centrales obreras recomiendan a los trabajadores denunciar a sus patronos si incumplen con el pago del nuevo salario mínimo retroactivo, dirigentes empresariales hondureños invitan a sus empleados concertar este ingreso.

El escenario presentado por las organizaciones que aglutinan a la micro, pequeña y mediana empresa (Mypime) no es el mejor. Cierre de operaciones, despidos de empleados e informalidad son las diferentes opciones que advierten ante el nuevo incremento al salario mínimo decretado la semana anterior por el gobierno.

Durante este fin de semana, representantes de varios sectores productivos analizaron los diferentes escenarios y concluyeron que es poco probable que las Mipymes tengan capacidad para cumplir con el decreto ejecutivo.

El presidente regional de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Industriales de Honduras (Anpmih), Carlos Uclés, ha expresado que 4.000 lempiras (US$208) es el salario promedio que se ha concertado con los trabajadores en la mayoría de los talleres industriales, sastrerías y panaderías, entre otras industrias.

El presidente de la Federación Hondureña de la Microempresa y el Sector Social de la Economía (Fehmisse), José Castañeda, recordó de manera reciente que el aumento al salario mínimo efectuado durante 2009, la crisis financiera internacional y la crisis política se conjugaron para la pérdida de 180.000 puestos de trabajo en Honduras.

Castañeda advirtió que la economía de este sector no transita por el mejor momento y que con este nuevo ajuste se pierde más competitividad.

Al incremento al pago del sueldo de subsistencia se añade el alza general y sostenida al precio de los combustibles y de la energía eléctrica. Castañeda advirtió que más empresas caerán en la categoría de informales porque no podrán subsistir en el mercado.

El ex presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Manuel Bautista, recordó que desde hace unos tres años las Pymes tuvieron un trato diferenciado y no se les trasladó ajustes salariales.

"Creo que tuvieron un plazo prudencial para recuperarse y pagar en esta oportunidad un ajuste comprendido entre un 6,5% y 8%", expresó.

Las categorías

El secretario del Trabajo, Felícito Ávila, expresó que según la nueva estructura salarial fijada por el gobierno las empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores deberán pagar un salario mínimo que va desde 5.857 lempiras hasta 6.215.

Las Mipymes ya enfrentaban problemas para honrar este compromiso fijado por el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya, que era para los trabajadores de la zona urbana de 5.500 lempiras y para los del área rural de 4.055.

El director de Salarios de la Secretaría del Trabajo, Francisco Altamirano, expresó que durante el presente gobierno se buscó tener una escala racional, técnica y científica para fijar el salario mínimo y se emitió el 29 de octubre de 2010 el acuerdo número 342-2010, mediante el cual se buscaba retomar en la medida de lo posible las categorías, pero se mantenía una división entre el salario correspondiente a la zona urbana y rural.

El funcionario expresó que fue difícil aplicar las presentes categorías salariales basadas en la Ley de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) y de la Organización Internacional del Trabajo.

Nueva alianza

El dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Héctor Escoto, recomendó a los trabajadores a denunciar a sus patronos ante la Secretaría del Trabajo si se les violenta el pago retroactivo del nuevo salario mínimo.

Escoto es el vocero de las tres centrales del país que son convocadas todos los años por la Secretaría del Trabajo para la referida revisión salarial.

La cúpula empresarial ha rechazado sentarse de nuevo con el gobierno y los sindicalistas a discutir este tema mientras se mantengan las mismas reglas del juego.

Escoto expresó que se opondrán a discutir reformas a la Ley del Salario Mínimo que mermen las conquistas de los trabajadores. Criticó que durante la última revisión, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) propuso fijar el sueldo de subsistencia mediante una fórmula matemática que reconocía solo un 50% de la tasa de inflación anual. Los empresarios, también, solicitaban determinar el porcentaje de aumento al salario mínimo los próximos tres años.