Tegucigalpa. En junio próximo el Estado de Honduras, como país miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), afrontará un proceso denominado Evaluación Mutua que consiste en la medición sobre avances y logros que ha tenido en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, recientemente se sometió a una preevaluación dirigida por expertos de este organismo internacional que estuvieron en la capital.

Los técnicos revisaron los sistemas y mecanismos que el país ha creado y con los que cuenta en la actualidad para la prevención, sanción y judicialización contra estos delitos.

Esta preevaluación de Gafilat se realizó a través de una capacitación en la que participaron miembros de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF), entidad que preside la titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras, y que depende del presidente de la República Juan Orlando Hernández, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras.

La dimensión del proceso

En este proceso previo de preparación se explicó la importancia que conlleva el Proceso de Evaluación Mutua para el país, así como la repercusión de los cuestionarios técnicos y de efectividad que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha elaborado como parte de la metodología de evaluación bajo estándares internacionales que los países miembros deben implementar a través de medidas adaptadas a las circunstancias particulares de cada nación.

Se viene en junio

En junio, Honduras debe superar satisfactoriamente este proceso, para el cual es necesario contar con una política de Estado definida, con un enfoque basado en riesgos, que oriente los esfuerzos interinstitucionales para que los resultados obtenidos sean acorde a los riesgos afrontados; esta labor ya se ha iniciado y es impulsada por la Gafilat.

Los personeros del Gafilat que visitaron el país dijeron que se examinará además el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, su aplicación efectiva, así como el nivel actual de riesgo que el país tiene frente a este flagelo.

El gobierno de la República, con la nueva Ley Especial contra el Delito del Lavado de Activos, propone claramente ampliar y fortalecer el combate a la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables del lavado de dinero y testaferrato, que se relaciona con otras legislaciones orientadas a implementar medidas preventivas frente a las infracciones enunciados.

Incluso, dijeron fuentes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el gobierno ha suscrito históricamente una alianza con Transparencia Internacional para que verifique la condiciones que se dan en las operaciones que se realizan desde el gobierno.