Tegucigalpa. Ante el cambiante escenario económico desde inicios de la década anterior, los problemas de balanza de pagos, déficits fiscales, alta inflación, entre otros desbalances, hacen que los países recurran a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) a manera de última instancia, es decir, luego de haber agotado otras alternativas.

En el caso de Honduras, la urgencia de cubrir parte de los compromisos de gasto corriente para 2014 y las dificultades para colocar más deuda en el mercado interno ha llevado a que la firma con el Fondo Monetario se constituya en la última opción para recibir financiamiento no reembolsable de al menos US$220 millones (4.677,2 millones de lempiras al tipo de cambio del 6 de octubre).

En la actualidad, las 188 naciones miembros acuden al organismo cuando enfrentan problemas financieros, por tanto, a pesar de las críticas y de la oposición arraigada de ciertos sectores de la sociedad, un acuerdo con el FMI para el período 2014-2017 es visto como el “mejor de los males” en la actual circunstancia socioeconómica del país.

A partir de la última década los acuerdos con el Fondo Monetario son de carácter precautorio. Esto significa que los recursos otorgados por el organismo mediante préstamos se usan solo cuando es necesario para apoyo a balanza de pagos. Los países no tienen intención de utilizar los montos aprobados, pero conservan la opción de hacerlo si llegaran a necesitarlos.

FMI y la crisis. En el período 2004-2008 la región centroamericana mejoró sus finanzas y la mayoría de los países registraron tasas positivas de crecimiento y redujeron los déficits fiscales. Es a partir de la crisis de 2008-2009 que los países recurren al FMI en busca de un acuerdo para obtener fondos con urgencia y contrarrestar los efectos de la crisis.

Posterior a esta crisis, Honduras continúa buscando un acuerdo “stand by”, pero en esta ocasión con facilidades de financiamiento para apoyo presupuestario.

Esta urgencia se interpreta como la incapacidad del gobierno para reducir los desequilibrios fiscales, aún con las reformas aprobadas en 2013 para incrementar las cargas impositivas, con las que estimó incrementar la recaudación en cerca de 10.000 millones de lempiras (US$465 millones), mismas que no se están cumpliendo.

Por el lado del gasto, las autoridades hondureñas refieren una reducción de al menos 6.900 millones de lempiras (US$321,4 millones), sin embargo, las cuentas por pagar aumentaron en 11.853 millones de lempiras (US$552 millones) de enero a junio de 2014 y el monto total supera los 57.000 millones de lempiras (US$2.655 millones) a la fecha.

Desembolso de recursos. El gobierno espera que los organismos cooperantes desembolsen los cerca de US$220 millones en lo que resta de 2014, sin embargo, es poco probable que las arcas estatales reciban la totalidad de los recursos por los trámites burocráticos que deben realizarse en cada una de las instituciones.

El coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdet, explicó que estos organismos establecen programaciones de desembolso bimestrales o trimestrales y cuando un país no recibe los fondos, aunque estén presupuestados, los mismos son congelados o asignados a otro país. Agregó que a pesar que el gobierno tiene la palabra en cuanto al destino del financiamiento, ya que los recursos entran directamente a la Tesorería General de la República, el cooperante puede orientarlo a algún sector específico.

Financiamientos recientes. Los acreedores multilaterales son las principales fuentes de financiamiento externo para el sector público de Honduras, recursos que en su mayoría se destinan para el programa de inversión y una pequeña parte para apoyo presupuestario. Estos desembolsos dependen de un acuerdo con el FMI.

El actual presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y ex representante del país ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Marlon Tábora, dijo en 2012 que el hecho de no tener un acuerdo con el organismo multilateral imposibilita tener un apoyo presupuestario por parte del BID.

En el período 2010-2011 el BM y el BID facilitaron US$220 millones en calidad de apoyo presupuestario. En adición el BCIE aprobó un préstamo no concesional equivalente a US$280 millones, según cifras del Fosdeh.