Las consultas de este tipo, sumadas a las tradicionales campañas electorales, pueden convertirse en un voto castigo o de apoyo al gobierno y a la vez, en una carta simbólica de un futuro triunfo en la lucha por el gobierno.
La oposición, sumándose a una iniciativa de empresarios del interior, encontró un tema en el que puede dejar mal parado al Frente Amplio si la población decide en las urnas, a través de un plebiscito, derribar parcialmente la ley de inclusión financiera e incluir en la Constitución de la República que los pagos con tarjetas sean opcionales y no obligatorios.
Las consultas de este tipo, sumadas a las tradicionales campañas electorales, pueden convertirse en un voto castigo o de apoyo al gobierno y a la vez, en una carta simbólica de un futuro triunfo en la lucha por el gobierno.
Algo de eso pasó con el referéndum sobre ANCAP en el año 2003. En ese momento, el Frente Amplio impulsó, con éxito, una campaña contra la ley que permitía la desmonopolización de ANCAP y su asociación con privados.
Algunos analistas vieron esa movida como un factor que luego apuntaló la victoria en las elecciones que llevaron a Tabaré Vázquez por primera vez a la Presidencia. En la última consulta popular, en 2014, se propuso bajar la edad de imputabilidad pero la oposición actuó dividida y el proyecto fracasó.
El Poder Ejecutivo intenta ahora masificar el uso de las tarjetas y para ello tienta a los usuarios con beneficios fiscales como las rebajas del IVA. Además, por esa vía, el gobierno estrecha los controles sobre la evasión y pretende achicar la informalidad en la economía.
También está convencido de que el uso de las tarjetas hará disminuir la circulación de efectivo y eso ayudará en materia de seguridad, sobre todo a comercios como las estaciones de servicios o a los taxis, que fueron víctimas reiteradas de la delincuencia.
Sin embargo, la condición de obligatoriedad que impone el proyecto, generó críticas de algunas cámaras de comerciantes que, según afirman, se perjudican por las tasas que cobran las tarjetas.
Las entidades emisoras, que son bancos y financieras, cobran un porcentaje por cada transacción, que varía según el tamaño de los comercios.
El impulso a un eventual plebiscito lo dieron empresarios del interior que ya empezaron a juntar las firmas que se requiere para activar una reforma constitucional.
En total deberán reunir al 10% del padrón electoral -algo más de 200 mil personas- y luego plebiscitar la derogación junto a las próximas elecciones nacionales.
Actualmente se recolectan firmas en los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo y Maldonado.
En días empezarán en Rocha, Rivera y Colonia, dijo a El Observador, José Pereyra, presidente de la Cámara de Comercio de Maldonado.
Para ese empresario, la ley de inclusión financiera, tal como está formulada, "es un disparate" y así se lo hicieron saber al Ministerio de Economía.
"No estamos en contra del gobierno, de los bancos ni de las tarjetas, pero esta ley de inclusión financiera es un disparate" josé Pereyra, presidente de la cámara de comercio de Maldonado
Los empresarios, confiados en que recolectarán las firmas, iniciaron contactos políticos para buscar respaldo pensando en la logística de ensobrar las papeletas que irán con las listas de votación de las elecciones nacionales.
Posiciones
La discusión política ya empezó y hay argumentos cruzados en defensa y rechazo de la ley de inclusión financiera. "Es increíble que un gobierno progresista ate a la gente a los bancos", dijo el senador Jorge Larrañaga.
En diálogo con El Observador, el líder blanco comentó que, tal como está planteado el proyecto, "la gente y los comerciantes quedaron de rehén del sistema financiero".
El senador adelantó que firmará la papeleta "para presionar cambios" que, en su opinión, deben hacerse en el Parlamento y no tanto a través del plebiscito.
"El Frente Amplio quiso intentar un cambio cultural imponiéndolo de manera obligatoria, compulsiva dejando de rehén a la gente del sistema financiero" Jorge Larrañaga, senador del Partido Nacional.
Otros opinan que está en juego la libertad y en eso basó su apoyo al plebiscito el senador Luis Lacalle Pou -quien fue el primero en expresarse sobre el punto- y también el Partido de la Gente. El líder blanco dijo que se está ante una ley "injusta" que "retacea la libertad de la gente". Este sábado, tanto Edgardo Novick como el diputado Guillermo Facello, del Partido de la Gente, también expresaron su apoyo a la consulta popular.
"El plebiscito propuesto por los comerciantes defiende la libertad de los ciudadanos" Guillermo Facello,diputado del Partido de la Gente.
Desde filas coloradas, el secretario general de ese partido, el diputado Adrián Peña, dijo este lunes a El Observador que rechazan, no la bancarización en sí, sino el hecho de que sea "compulsiva" y por tanto que se obligue a las personas a realizar transacciones en los bancos.
"La norma atenta fundamentalmente contra la libertad individual de optar entre operar o no con el sistema financiero, además de perjudicar a los pequeños y medianos comerciantes a quienes se les trasladarán todos los costos el sistema", afirmó el Comité Ejecutivo Colorado en un comunicado.
De todos modos, el Partido Colorado aún no definió si respaldará el plebiscito. Pedro Bordaberry tampoco definió su posición.
Y el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) que no votó la ley de inclusión financiera, entiende que el camino para cambiarla "no es la reforma constitucional" que proponen los comerciantes.
Mieres dijo a El Observador que elabora un paquete de medidas legislativas y administrativas para presentar al gobierno.
El año pasado, a instancia suya, se eliminó la obligatoriedad de pagar los sueldos vía bancaria en los pueblos de menos de 2.000 habitantes.
También presentó un proyecto –que defenderá este jueves en la comisión de Hacienda del Senado– para "limitar la variabilidad de los aranceles" que cobran las tarjetas y que no podrán ser de más de dos puntos. "Eso no alcanza pero es algo", comentó.
Comerciantes. La Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) definirá el próximo fin de semana en una asamblea que realizará en Atlántida de qué manera participará de la consulta popular que se plantea.
Por ahora, CEDU dejó en libertad de acción a las gremiales regionales, algunas de las cuales ya empezaron a juntar firmas para el plebiscito.
Su presidente, Miguel Feris, dijo a El Observador que el proyecto de inclusión financiera "es muy de escritorio" y no tuvo en cuenta "aspectos de la vida real".
A comienzos de año, estacioneros de Maldonado no aceptaron tarjetas y se planteó realizar "un apagón financiero" que no prosperó.
Otra consulta. El otro proyecto que puede llegar a ser sometido, en este caso a un referéndum, refiere a la derogación del delito de abuso de funciones sobre el cual aún hay exjerarcas del Frente Amplio con procesos judiciales en marcha.
Son los casos del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República, Fernando Calloia procesados por el aval a la empresa Cosmo que no reunía las condiciones para participar del remate de los aviones de PLUNA.
También está en marcha una investigación penal sobre la gestión de ANCAP, que básicamente revisa el período del hoy vicepresidente Raúl Sendic, que también puede apelar a esa norma.
De ser aprobada la ley –aún falta la discusión en Diputados-, el senador Pedro Bordaberry anunció que saldrá a juntar firmas para someter a referéndum a esa ley.
PIT-CNT apoya la inclusión bancaria
El PIT CNT apoya la ley de bancarización que "democratiza" el acceso a herramientas financieras que le pueden ser útiles a los trabajadores, dijo a El Observador el dirigente de la central sindical y de la Asociación de Empleados Bancarios, Fernando Gambera.
Señaló que al haber una regulación y la obligación de que las transacciones se hagan en forma electrónica "se formaliza la economía, hay registros y se opera contra la evasión".
Gambera opinó que con la propuesta de plebiscito, que impulsan empresarios, aparecen a nivel político, quienes "se suben al carro" y "son los que representan los intereses de los poderosos".
El dirigente reconoció que hay problemas de implementación que deben corregirse.
