Ocho de cada diez empresas no inscriben a sus trabajadores en el IPS, lo que significa que no tienen cobertura social, informó el coordinador del Comité de Reformas Legales del IPS, Pedro Halley.

Asunción, EFE. Dos de cada tres trabajadores paraguayos no están dados de alta en la seguridad social del país, de la que son beneficiarios apenas el 20% de sus habitantes, según fuentes oficiales consultadas por Efe.

Con una población activa de 3,5 millones de personas, sólo el 18% de ellas cotizan al Instituto de Previsión Social (IPS), que da cobertura a poco más de 1,2 millones de paraguayos, incluyendo cotizantes (unos 630.000) y familiares beneficiarios.

Ocho de cada diez empresas no inscriben a sus trabajadores en el IPS, lo que significa que entre el 65% y el 70% de los empleados no tienen cobertura social, informó el coordinador del Comité de Reformas Legales del IPS, Pedro Halley.

"El alto nivel de evasión (empresarial) es debido a la debilidad de mecanismos punitivos, no se sanciona bastante, las multas son irrisorias, de una ley que data de los años 50", dijo la fuente.

La multa que debe pagar una empresa por no dar de alta a un empleado es de 63.000 guaraníes (unos US$15), mientras que los costos sociales que evaden "son mucho más altos", explicó el director de Aporte Obrero Patronal del IPS, Pedro Cano.

"Para colmo, muchas empresas no declaran por el salario real de sus trabajadores sino que lo hacen por el salario mínimo", añadió.

Paraguay tiene uno de los salarios mínimos más altos de América Latina, casi 1,66 millones de guaraníes o US$400, pero el salario medio apenas supera esa cantidad y ronda los 1,86 millones de guaraníes (US$448), según datos de la Dirección de Estadísticas.

Cada empleado por cuenta ajena debe cotizar con un 9% de su salario bruto al IPS, mientras la empresa asume un 16,5%.

Creado en 1943, la ciudadanía empezó a apreciar un funcionamiento decente del IPS sólo durante el mandato del destituido Fernando Lugo, que amplió su cobertura a colectivos como artistas y maestros.

El IPS provee cobertura de servicios médicos, así como de jubilaciones y pensiones, pero no cuenta con prestaciones por desempleo como los sistemas europeos.

El personal doméstico y el rural, los llamados trabajadores independientes que pagan impuestos pero no reciben prestación, los profesionales autónomos, trabajadores estacionales, miembros de pequeñas empresas y artesanos quedan fuera de la cobertura del Instituto.

Existe un proyecto de ley que prevé extender la cobertura jubilatoria a estos sectores (aproximadamente 1,1 millones de personas) y que fue aprobado en septiembre de 2012 por la Cámara de Diputados, pero aún espera la sanción del Senado.

Según Cano, el sistema recauda anualmente unos 3.360 millones de guaraníes (unos US$800 millones), de los que dedica sólo el 9% a cobertura sanitaria.

Halley consideró el sistema de salud actual "un caño roto" e "insostenible", porque no hay reservas previstas como en el de fondo de pensiones y jubilaciones del IPS.

El director de Aporte Obrero reivindicó un cambio de legislación para que se puedan "cruzarse datos entre los ministerios de Industria, Hacienda y Justicia con el IPS", y así realizar un auténtico control de la actividad empresarial en el país.

En rueda de prensa en vísperas del Día Internacional del Trabajador, la ministra paraguaya de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia, comentó que "la informalidad se da por una cuestión cultural" pero "poco a poco se va superando".

Según el presidente de la Central Democrática de los Trabajadores (CNT), Juan Torales, el pequeño comercio y el transporte público, administrado por empresas privadas, es donde se concentra la mayor parte de la informalidad laboral.

"Ni siquiera en los lugares donde existen contratos hay una formalidad, el país está lleno de contratos basura en complicidad directa con las autoridades de turno", denunció Torales.