Después de conocerse casos como el de la petrolera Petrotiger, en donde se denunció que algunos de sus exempleados pagaron comisiones a otros exfuncionarios de Ecopetrol para hacerse a importantes contratos de la industria, el gobierno colombiano dejó claro que perseguiría a aquellas multinacionales que se prestaran para actos de corrupción de ese tipo.

Por eso, tras reunirse con la Comisión Nacional de Moralización, el mandatario sancionó la Ley Antisoborno y manifestó que “todas las entidades ahí representadas han tenido mucho que ver con el avance en esta lucha, tienen sus responsabilidades específicas, y lo que hace la Comisión es hacerle un seguimiento. Qué ha pasado, dónde podemos trabajar con más efectividad y cómo hacemos que el Estado cada vez sea más efectivo en su lucha contra la corrupción”.

Con dicha ley se le podrán aplicar multas hasta de 40 millones de dólares a las empresas que se les compruebe que cayeron en prácticas corruptas. Además de eso se inhabilitan funcionarios y entidades jurídicas hasta por 20 años. “Necesitamos la ayuda de los ciudadanos. Las denuncias son importantes y necesarias para ser cada vez más efectivos en la lucha contra este flagelo”, apuntó el jefe de Estado.

El gobierno estaba esperando la firma de este documento pues con ella se espera que el país sea admitido en la Comisión Antisoborno de la OCDE, un paso más en el proceso de entrada que está adelantando Colombia para poder ingresar al club de países con buenas prácticas.

Santos, frente a dicho proceso, aseguró que “es un paso importantísimo, no solo en los compromisos que Colombia adquiere para luchar contra el soborno, sino también es un paso importante en el ingreso de la OCDE, porque esta sería la comisión número 12 de las 23 que deben aceptarnos. O sea que ya con esta aceptación pasaríamos el umbral del 50 por ciento de las comisiones que ya han sido aprobadas por parte de la OCDE en el caso colombiano”.