Asunción. La tasa de actualización de los haberes se realiza de acuerdo a la variación que registró el año pasado el Índice de Precios del Consumidor (IPC), calculado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El informe indica que la medida fue tomada por Resolución N° 12 para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 1º de la Ley 3542/2008, “Que modifica y amplía la Ley Nº 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal”.

La Caja Fiscal tiene registrado al mes de noviembre último 50.699 beneficiarios, pero esta actualización sólo alcanza al 71% que incluye a los sectores de empleados públicos, magistrados judiciales, maestros y docentes universitarios.

Se exceptúa de esta disposición a los militares y policías retirados, un total de 14.626, porque estos se rigen por la ley que los regula y reciben el reajuste cuando existe una variación en el salario mínimo.

Tampoco se actualizan los haberes de las herederas de los militares y policías retirados que tengan una acción de inconstitucionalidad a favor.

Las asociaciones de jubilados vienen reclamando a Hacienda que los haberes se actualicen a los sueldos de los funcionarios activos de la nueva matriz salarial, lo que fue descartado por las autoridades porque consideran que pondría en riesgo la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones.

Los jubilados, incluso, presentaron a los legisladores un proyecto de ley para que se reajusten los haberes de forma gradual y estiman que al final costaría unos

G. 55.000 millones que serían utilizados de los fondos de reserva que dispone la Caja Fiscal, de unos US$ 800 millones.

La citada caja el año pasado cerró con un déficit de 239.943 millones (US$ 41 millones al cambio vigente), equivalente a 11%, según el informe oficial.

Por otro lado, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, salió al paso de las declaraciones realizadas por los directivos de la Agremiación de Funcionarios Públicos Jubilados del Servicio Civil, Félix Guzmán Acosta y Dionisio Zárate González, que consideran ilegal que Hacienda se quede este año con los recursos que deben destinarse al fondo de jubilaciones de la Caja Fiscal por los cargos vacantes.

Peña manifestó que con esta operación el Tesoro no logra ningún ahorro, ya que “se sacaba de un bolsillo para meter en el otro”, teniendo en cuenta que los cargos vacantes se pagan como salarios y va a la Caja Fiscal como un ingreso, por lo que presupuestariamente no hace ninguna diferencia.